Quito, 23 de junio de 2022.- El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta «Quito», Fernando Addaty, denunció este viernes la «brutalidad» ocurrida en un ataque por parte de «grupos violentos» contra militares que daban seguridad a un convoy que transportaba abastecimientos, y en el que 17 militares resultaron heridos.
En una rueda de prensa relató que anoche un «convoy militar fue detenido, obstaculizado y asaltado por grupos violentos usando la extrema violencia».
En hecho ocurrió en la vía Calacalí-Nanegalito-Los Bancos, cuando se dirigían a Quito, en el día 11 de las protestas, que han incluido cortes de carreteras y que están lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), contra la carestía de la vida.
«El propósito de este convoy era permitir el flujo logístico de más de mil camiones que se encuentran detenidos en esta vía, y que están afectando seriamente al abastecimiento de la capital», dijo Addaty al señalar que videos difundidos en redes sociales «demuestran la brutalidad con que actuó este personal» contra los militares, dejando 17 uniformados heridos.
Adicionalmente «tenemos tres vehículos incendiados y una retroescabadora y una cama baja que transportaban el equipo para poder limpiar la vía», anotó antes de comentar que «entre los delincuentes se puede observar que existe personal armado».
«Esto es importante destacar porque no estamos hablando de una manifestación pacífica, estamos hablando de hechos de violencia premeditados y coordinados», subrayó Addaty al asegurar que presentarán las denuncias para que todos los involucrados «en este hecho salvaje sean llevados ante las autoridades».
Tras indicar que desconoce del presunto fallecimiento de una persona anoche en la zona del suceso, como circuló en redes sociales, pidió a la ciudadanía no permitir «que un pequeño grupo secuestre a la totalidad de la población».
«Es hora de poner un freno y un alto a esta actitud violenta que está dañando y perjudicando al país», anotó en momentos en que se mantiene la tensión en Ecuador, que vive el día doce de protestas lideradas por los indígenas, y en cuyo contexto han fallecido cuatro personas.
FALLECIDOS
En el primer caso, ocurrido el lunes, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, ha señalado que se trataba de un joven que cayó por una quebrada de unos 100 metros de altura en la zona noreste de Quito, cuando -según los grupos de derechos humanos- un contingente policial lanzaba gases lacrimógenos para impedir que un grupo de indígenas ingresara a la capital.
El martes también se registró una muerte en la sureña provincia andina de Azuay durante una manifestación disuelta por la Policía que, según el ministro, los primeros exámenes practicados apuntan a «una muerte natural por hipotermia y cirrosis».
Sin embargo, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos reportó que la víctima, de unos 38 años, fue hallada con «signos de violencia en sus costillas» y rodeada de cargas de gases lacrimógenos utilizados contra los manifestantes.
También el martes murió un joven en la ciudad de Puyo, capital de la amazónica provincia de Pastaza, donde una turba logró incendiar y saquear una oficina bancaria y un cuartel de la Policía, en cuyos patios quedaron incendiados 18 vehículos.
En esas circunstancias, el movimiento indígena denunció que a la víctima le dispararon «a quemarropa» en la cabeza una bomba lacrimógena, mientras que la versión de la Policía y del propio ministro del Interior es que estaba manejando explosivos.
La noche del jueves, un hombre de 39 años falleció durante los enfrentamientos acontecidos en el parque El Arbolito, del centro de Quito, tras recibir aparentemente impactos de balas de goma y un racimo de perdigones.
No obstante, Carrillo insistió en que la Policía no usa perdigones para contener las manifestaciones y, por el contrario, acusó a los manifestantes de disparar ese tipo de munición contra los policías, pues afirmó que varios agentes tienen lesiones similares.
Las protestas comenzaron el 13 de junio para reclamar que se reduzcan y congelen los precios de los combustibles, que se controlen los precios de los productos básicos, que se condonen deudas a familias campesinas, que no se privaticen empresas públicas y que no prolifere la actividad minera y petrolera en la Amazonía, entre otras exigencias.
EFE
