Colombia, 26 junio de 2022.- Después de las diligencias surtidas ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, acerca del Caso 01, proseguirá la implementación de las primeras sanciones.
La Sala de Reconocimiento tendrá tres meses para evaluar el reconocimiento de los exjefes de las Farc-EP, las observaciones de las víctimas y determinar, en la Resolución de Conclusiones, si los comparecientes deben ser remitidos a la Sección de Primera Instancia en Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad o a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).
Esa Sala remitirá a la Sección de Reconocimiento a los comparecientes que hayan asumido responsabilidad y aportado verdad plena, detallada y exhaustiva: y estos comparecientes podrán acceder a una sanción propia.
EN CONTEXTO
La Resolución de Conclusiones será evaluada por la Sección de Reconocimiento que determinará finalmente en qué consistirá la sanción. La sanción propia puede tener una duración entre 5 y 8 años, implica restricción efectiva de libertades y derechos que serán monitoreados por la Misión de Verificación de la ONU. Se trata de una sanción que obliga a los responsables del sufrimiento y dolor de las víctimas, a reparar con su trabajo el daño causado.
Los comparecientes que no hayan reconocido su responsabilidad serán remitidos a la UIA y podrán enfrentar un juicio adversarial en la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de los Hechos y Conductas. Podrían enfrentar sanciones que van hasta los 20 años de cárcel.
Secuestro
El Caso 01 es conocido como el de secuestro. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP le imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad al antiguo Secretariado de las Farc-EP, dentro de ese caso 01. A esa Audiencia de Reconocimiento, que se realizó los días 21, 22 y 23 de junio, asistieron los siete comparecientes de la extinta guerrilla de las Farc: Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.
Tres patrones cimentaron la política de secuestro de las Farc-EP para financiar a la organización armada en sus diferentes niveles jerárquicos, forzar el intercambio por guerrilleros presos y controlar a la población de los territorios castigándola por diversos motivos, investigándola por su presunta cercanía a los enemigos de la guerrilla o controlando la presencia y acciones de empresas y funcionarios públicos.
El antiguo Secretariado de las Farc-EP fue imputado por dar las órdenes que resultaron en crímenes de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y crímenes de guerra de toma de rehenes, y por los asesinatos y desapariciones forzadas que resultaron de estos. Pero también fue imputado por responsabilidad de mando por otros crímenes de lesa humanidad y guerra cometidos por sus subalternos durante los secuestros, como torturas, tratos crueles, violencia sexual, desplazamiento forzado y esclavitud.
Frente a las imputaciones de la sala y a los relatos y solicitudes de verdad hechos por las víctimas, los comparecientes asumieron su responsabilidad este martes 21 de junio. El primero en hacerlo fue Rodrigo Londoño Echeverry, último máximo comandante de las Farc-EP. “Venimos como último secretariado a reconocer nuestra responsabilidad individual y colectiva en una práctica que fueron crímenes de guerra iban en contra de nuestros principios y valores, por cosificar a una persona, por tratarlo como mercancía, generando en su familia una incertidumbre que acabó con sus proyectos de vida».
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Asimismo, Pablo Catatumbo Torres manifestó: “Me presento aceptando mi responsabilidad pública y libremente por haber sido partícipe en la elaboración y la política de privar de la libertad a civiles y militares fuera de combate para forzar un intercambio o un canje por guerrilleros que estaban en las cárceles».
Sus reconocimientos fueron escuchados por una audiencia conformada por representantes de diversos sectores de la sociedad civil, de la comunidad internacional, pero principalmente por víctimas acreditadas en este caso. En representación de ellas, habló el exrepresentante a la Cámara Óscar Tulio Lizcano, quien exigió a los exmiembros de las Farc-EP ampliar la verdad que están ofreciendo y brindar información sobre el paradero de los secuestrados desaparecidos.
