Santiago de Chile, 8 de julio de 2022.- La nueva Constitución, que se someterá a plebiscito el próximo 4 de septiembre, pone a Chile «en primera fila» en la defensa de los derechos humanos» y «termina con las discriminaciones a los grupos históricamente vulnerables», asegura a Efe el director de Amnistía Internacional en Chile, Rodrigo Bustos.
La organización, que sigue de cerca el proceso político chileno desde el «estallido social» en 2019, ha lanzado una campaña en favor de que se apruebe la nueva Carta Magna, fruto del trabajo de una comisión constituyente formada tras aquellas protestas populares y que será sometida a plebiscito obligatorio el próximo 4 de septiembre.
El texto, redactado por 154 representantes en una convención paritaria con escaños reservados para pueblos indígenas, es la primera en los 200 años de historia de la República de Chile en redactarse a través de un mecanismo democrático. Su borrador fue entregado el pasado lunes al presidente, Gabriel Boric, quien ese mismo día convocó el referéndum.
Pregunta (P): ¿Por qué deciden tomar posición y lanzar esta campaña?
Respuesta (R): Tenemos la convicción de que las inhumanidades que viven las personas cuando sufren abusos, precariedades y discriminaciones tienen que terminar. Hoy tenemos una oportunidad histórica justamente para dar un giro, y la nueva Constitución puede significar una transformación en las condiciones de vida sobre todo de las personas más pobres de este país y que no tienen acceso a pensiones dignas, al derecho a la salud y al trabajo decente.
P: La Constitución vigente ha sido reformada más de 50 veces y cientos de sus artículos modificados, ¿esas reformas no han apuntado en la dirección que plantean?
R: Es cierto que se han hecho reformas a la Constitución vigente, algunas positivas, pero nosotros creemos que es una Constitución que mantiene el espíritu en relación, especialmente, a cómo se regulan los derechos humanos y sociales en general. De hecho, las reformas de los últimos 30 años casi no han modificado la parte referente a esos derechos. En esa parte tenemos un modelo, sobre todo cuando hablamos de derechos sociales, donde el Estado es muy pasivo y no tiene un rol garante en salud, trabajo, pensiones, educación. Creemos que esta propuesta de nueva Constitución puede significar un cambio radical en esa materia.
P: Con respecto a la actual ley fundamental se habla de blindajes institucionales o enclaves autoritarios, algunos de ellos modificados por la reforma de Ricardo Lagos en 2005, ¿siguen vigentes esas resistencias al cambio en el texto actual?
R: Hay que entender que especialmente en materia de derechos humanos, y sobre todo en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, esta Constitución (de 1980) ha sido una muralla para que haya cambios que dignifiquen la calidad de vida de las personas. Eso lo hemos visto múltiples veces, y además cuando en el Congreso se ha logrado algún avance en alguna ley en materia de educación, de salud, de derechos laborales colectivos, la oposición a esas reformas ha ido al Tribunal Constitucional para que se restablezcan los principios de la Constitución de 1980, que básicamente entiende que el Estado no debe actuar o tiene que ser muy pasivo cuando se trata de garantizar derechos.
P: Se habla de la Constitución de Pinochet, de Lagos…
R: Hay que tener claro que la Constitución vigente fue impuesta, versus esta propuesta constitucional que fue hecha a través de un proceso muy democrático con un plebiscito de entrada, ahora otro de salida, con elección de convencionales, con múltiples audiencias públicas y por tanto muy participativo.
P: ¿Cómo se sitúa esta propuesta constitucional respecto a otras cartas magnas en el mundo, de dónde recoge elementos?
R: Si uno mira esta propuesta en comparación con otras, tiene algunos elementos de América Latina, otros de Europa, pero la verdad es que para nosotros en Amnistía Internacional es muy importante compararla con lo que establece el marco del derecho internacional y los tratados internacionales que Chile ha suscrito. En esa materia, esta propuesta nos pone absolutamente en la primera fila de las constituciones que reconocen derechos humanos y que buscan la mejor forma de garantizarlos, terminar con las discriminaciones de diversos grupos vulnerados históricamente, por ejemplo niñas y adolescentes, personas mayores, pueblos indígenas, disidencias sexuales, para qué hablar de las mujeres.
P: En caso de que gane la opción «Apruebo», por la que ustedes abogan, ¿qué viene después?
R: Tenemos claro que si el 4 de septiembre gana el apruebo, no vamos a tener un cambio radical el día 5, el país no va a cambiar de la noche a mañana, sin embargo creemos que esta Constitución es un muy buen punto de partida para comenzar un camino y avanzar en mayor igualdad de derechos y poder tener un país más justo y democrático.
Sebastián Silva
EFE
