Lima, 15 de julio de 2022.- El pasado 15 de enero, unos 11.000 barriles de petróleo de la refinería La Pampilla, operada por Repsol, cayeron al mar peruano y comenzó un vendaval de culpas y responsabilidades. Seis meses después, tanto el impacto real a nivel medioambiental como el panorama de miles de personas afectadas sigue siendo incierto.
«La situación está atascada», alertó a Efe el director científico de la organización ambiental Oceana Perú, Juan Carlos Riveros, respecto al bloqueo que considera que existe al no tenerse un informe oficial del daño ocasionado por «el peor desastre medioambiental de la historia reciente» del país, como lo catalogó la ONU.
Cuando accidentes de este tipo se producen, se pone en marcha un proceso con varias fases, que comienza con la limpieza, y luego se realiza un informe detallado sobre el daño en aguas, playas y organismos vivos para conocer el impacto real del accidente.
Riveros explicó que la siguiente etapa, denominada «remediación», depende de un informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que hasta el momento no se ha hecho público.
LENTITUD EN LOS PROCESOS
Por ese motivo, aún no se ha comenzado a remediar el impacto del derrame, para lo cual se podrán usar técnicas como la aplicación de microorganismos que eliminan la toxicidad de los restos de crudo o disolventes que ayudan a restaurar el orden biológico.
«Que a seis meses la situación siga así es criminal», sentenció el especialista.
En ese sentido, Repsol afirmó a Efe que continúa «a la espera del informe de evaluación del OEFA» y remarcó que «esto cobra vital importancia, dado que, de este informe, se implementarán -de ser el caso- los planes de rehabilitación, en donde corresponda, y adicionalmente porque repercute en la reactivación de las actividades productivas y de recreación de las zonas afectadas».
Aunque el OEFA aseguró a Efe que este reporte estará listo en agosto próximo, el director de Oceana sostuvo que los meses que han seguido al derrame han mostrado una «cierta ineficiencia y lentitud» en los procesos, algo que la inestabilidad política en el país y los cambios de funcionarios públicos ha agrandado.
UNA HISTORIA QUE COMIENZA EN EL PACÍFICO SUR
El desastre ecológico comenzó en el remoto Pacífico Sur, donde la erupción del volcán Tonga provocó que países con costas bañadas por este océano decretaran la alerta de tsunami, algo que no hizo la Marina de Guerra de Perú, encargada en el país de estos casos.
Según Repsol, esto llevó a que las operaciones de extracción de crudo no se paralizaran, lo que influyó en el vertido, causado cuando el buque italiano Mare Doricum descargaba combustible por las tuberías submarinas de la refinería La Pampilla, que opera la empresa española en el municipio de Ventanilla, en el norte de Lima.
En un primer momento, la petrolera reportó que se trataba de una fuga de 0,16 barriles (unos 25 litros), una cifra que días después la empresa elevó a 10.396 barriles, mientras que las autoridades peruanas situaron en 11.900.
Esta fuga afectó 112 kilómetros cuadrados de mar y litoral peruano, y las imágenes de aves cubiertas de crudo, peces muertos, playas sucias y la desesperación de los pescadores y los trabajadores del mar ocuparon titulares y portadas, pero poco a poco el ruido se fue apagando.
MULTAS Y SANCIONES
En medio de las investigaciones que buscan aclarar lo ocurrido en enero, el pasado 14 de junio una comisión del Congreso peruano remarcó en la responsabilidad de Repsol y señaló deficiencias en el proceso de descarga del combustible.
La comisión aseguró que el buque quedó amarrado «en una forma incorrecta», comparado con lo que dice el estudio de maniobras del propio terminal, y que a pesar de que había dos cabos rotos no se suspendió el bombeo de descarga de hidrocarburos.
Repsol respondió que esas conclusiones «no tienen sustento técnico, a pesar de toda la información brindada, tanto por nosotros como por las autoridades pertinentes» y consideró que «no contribuyen a esclarecer los hechos».
Por otra parte, el OEFA ha impuesto multas a la empresa por incumplimiento de medidas administrativas por casi 700.000 dólares, en total, las que ya fueron pagadas por la empresa, según indicó el organismo supervisor a Efe.
Además de estas, este jueves, el organismo impuso una primera multa en el marco de los cinco procedimientos administrativos sancionadores seguidos contra la empresa, en este caso por 5 millones de soles (1,2 millones de dólares) por el incumplimiento en la identificación de las zonas afectadas por el derrame.
EL PROBLEMA SOCIAL
El derrame ocurrió en pleno inicio del verano peruano y, por tanto, dañó gravemente la actividad turística de decenas de localidades, algo que dejó miles de afectados, entre pescadores, personal de hostelería y vendedores ambulantes.
Repsol ha elaborado un padrón de perjudicados que incluye a 10.186 personas y, en cumplimiento de un acuerdo firmado con el Gobierno, ha entregado hasta el momento dos adelantos de compensación, por 3.000 soles (unos 760 dólares) cada uno, a cerca de 6.000 personas, mientras que está gestionando un tercer pago.
Pero, más allá del resarcimiento económico, lo que preocupa a los pescadores y otras personas afectadas es no saber aún cuándo podrán volver a vivir de lo que produce el mar.
«Lo más duro es la incertidumbre», concluyó Riveros.
Paula Bayarte
EFE
