Bogotá, 18 de julio de 2022.- Representantes de pueblos indígenas de la Sierra Nevada, en el caribe colombiano, pidieron este lunes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que en su caso sobre ejecuciones de inocentes por parte del Ejército tengan en cuenta todos los casos de «falsos positivos» que ocurrieron en sus territorios.
Así lo aseguraron durante la audiencia de reconocimiento del subcaso de la costa Caribe que se desarrolla hoy en la ciudad de Valledupar (noreste), donde se espera que 13 militares que formaron parte del Batallón La Popa reconozcan públicamente su implicación y responsabilidad en la comisión de 127 asesinatos y desapariciones de jóvenes inocentes para presentarlos como bajas guerrilleras en combate.
El comisionado de Derechos Humanos del pueblo wiwa, Pedro Loperena, aseguró que en su pueblo ocurrieron «50 ejecuciones extrajudiciales» que cometió tanto este Batallón como otros dos más que actuaron en los departamentos de La Guajira y el Cesar y no solo las 3 que reconoce en el caso la JEP.
Sin embargo, Loperena agradeció a esta justicia especial por recuperar los casos que llevaban escondidos años en la Fiscalía y que «tenía la justicia militar engavetados» y que «si no existiera la JEP seguirían» en esa situación.
«Llevamos más de 20 años llorando, 20 años lastimándonos, recordando estos episodios amargos», aseguró el representante indígena, que exclamó: «¡Qué bonito que Colombia ratifica los derechos humanos! ¡Qué bonito que Colombia se da golpes de pecho, que respeta y avanza en los derechos humanos! Hoy se va a dar uno cuenta que no es así».
Por su parte, el gobernador del pueblo kankuamo Jaime Luis Arias remarcó ante los magistrados de la JEP y los militares acusados de las ejecuciones la «desarmonización» que ha sufrido su territorio ancestral a causa del conflicto y de las «violencias sistemáticas y persistentes» cometidas por todos los actores legales e ilegales y criticó la inacción del Gobierno por un «abandono estatal».
«Hemos sido víctimas, junto a nuestro territorio, de un proceso histórico y sistemático de violencias, al punto de ser declarado en situación de riesgo de exterminio físico», señaló el gobernador kankuamo, uno de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada.
«Sin duda, todas estas desarmonías en contra del territorio (…) han obedecido a una política sistemática, continua, orgánica y criminal permeada por intereses políticos y económicos sobre nuestro territorio sagrado», incidió Arias, quien señaló como responsable al Estado «tanto por acción como por omisión» así como a las extintas FARC, a la guerrilla del ELN, a los grupos paramilitares y «demás actores políticos y económicos».
Este lunes comenzaron en Valledupar las audiencias de reconocimiento del segundo auto de acusación formulado por la JEP contra militares por los llamados «falsos positivos», en lo que esta instancia ha considerado crímenes de lesa humanidad y un accionar criminal por parte de las fuerzas armadas.
En este auto, la JEP —nacida del acuerdo de paz para investigar y dar justicia por crímenes de lesa humanidad— imputaba a 2 coroneles y a 13 militares de otros rangos del batallón La Popa (que tiene sede en Valledupar) por 127 asesinatos y desapariciones forzadas en la región del Caribe colombiano.
Pero ninguno de los dos altos mandos, los coroneles Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa —comandantes del Batallón La Popa durante los años 2002 y 2004 y 2004 y 2005— aceptaron los cargos, por lo que no estarán presentes en los dos días de audiencia que acaban mañana.
El resto de imputados, como ya lo hicieron hace unas semanas los diez militares y un civil imputados por «falsos positivos» en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, tendrán que reconocer su participación en los hechos imputados y ofrecer verdad a las víctimas presentes.
Si la JEP y las víctimas consideran que es suficiente, los acusados podrán enfrentar penas restaurativas que no conlleven prisión, mientras que los dos coroneles que no han reconocido su participación, se enfrentan ahora a un proceso «adversarial» ante la JEP donde podrían enfrentar penas de 20 años de prisión.
EFE
