Bogotá, 1 agosto de 2022.- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a declarar a un general retirado y otros catorce exmilitares para que respondan por el caso 06, que investiga el genocidio del partido de izquierdas Unión Patriótica, que costó la vida a dos candidatos presidenciales y dejó 5.733 víctimas.
Este órgano de justicia transicional llamó a rendir versión los días 12, 19 y 30 de agosto al general retirado Iván Ramírez Quintero, «por su participación en la retoma del Palacio de Justicia», producida el 6 y 7 de noviembre de 1985, después de que la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19) asaltase el Palacio de Justicia, reteniendo a casi 350 personas, y el Ejército iniciara una operación de retoma que dejó 101 muertos y desaparecidos.
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Ramírez ya había sido citado en 2021, pero se pidió un aplazamiento para que las audiencias pudieran ser presenciales y ahora este mes dará su versión voluntaria, después de que varios informes de víctimas aseguraran que algunas facciones del Ejército usaron durante el conflicto la inteligencia para cometer delitos.
Justamente él fue miembro de Inteligencia militar y comandó la Brigada XX del Ejército, que ha sido señalada de otros delitos, entre ellos ejecuciones extrajudiciales.
CITAN A 14 EXMILITARES
Además, este lunes la JEP también informó que ha citado a su vez a otros 14 militares retirados «por hechos relacionados con la muerte de militantes de la Unión Patriótica en Apartadó, Antioquia, en 1996», por lo que sus versiones serán incluidas tanto en el caso 06, el que investiga el genocidio de la UP, como en el 04 que es el que prioriza esta región del país.
Entre los convocados está el coronel en retiro Eduardo León Figueroa Cifuentes, excomandante del Batallón de Infantería 47 (Bivel); Jorge Wilson Rondón Pérez, excomandante de la sección de operaciones; y Jorge Luis Mejía Rosas, exmiembro de la plana mayor de la Brigada 17.
La violencia contra la UP se cobró la vida de 5.733 víctimas, de las cuales 4.616 fueron asesinadas y 1.117 desaparecidas, entre las que están los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, en 1987, y Bernardo Jaramillo Ossa, en 1990, así como de otros dirigentes nacionales y regionales, como José Antequera, Teófilo Forero, Diana Stella Cardona y Gabriel Jaime Santamaría.
De estas víctimas, según la JEP, 5.195 eran militantes de la UP. Las otras 538 víctimas no eran miembros de la Unión Patriótica pero fueron asesinadas o desaparecidas en hechos de violencia dirigidos en contra ese partido político surgido en 1985 tras el intento de un acuerdo de paz del entonces presidente colombiano Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC.
Pero no fueron solo asesinatos y desapariciones, también hubo 2.217 víctimas de desplazamiento forzado, 811 de amenazas, 379 de atentados, 90 de secuestros, 229 de torturas, 23 de violencia sexual y 36 personas tuvieron que exiliarse, como sucedió con la actual senadora Aída Avella.
La violencia contra miembros de este partido fue ejercida principalmente por «paramilitares y agentes estatales, quienes actuaron de manera masiva, generalizada, sistemática y selectiva contra esta colectividad», según la JEP.
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En ese sentido, la JEP, surgida por el acuerdo de paz de 2016 con las FARC para juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado, identificó que agentes estatales que trabajaban en los órganos de inteligencia civil y militar conspiraron con grupos paramilitares y oficinas de sicarios para ejecutar los crímenes contra la UP.
Entre los convocados para investigar este macrocaso, la JEP ya ha escuchado la versión del general retirado de la Policía Miguel Maza Márquez, que dirigió entre 1985 y 1991 el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta), ahora desmantelado, y que era responsable de la seguridad y escolta de los políticos y militantes asesinados.
EFE
