Antioquia, Colombia, 25 agosto de 2022.- Recientes hechos de violencia armada contra la población ponen nuevamente el foco de atención en el orden público en los municipios Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza, ubicados en la subregión del Bajo Cauca antioqueño.
En esta subregión la disputa territorial entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC- o Clan del Golfo contra el frente “Virgilio Peralta Arenas”, también conocido como “Los Caparros” o “Caparrapos” o Los de Abajo, produjo una crisis humanitaria que se ha mantenido latente desde entonces.
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Desde el 2020 hay un cambio sustancial en la dinámica de poder territorial de los actores armados, por ello, al panorama se suma el fortalecimiento de las disidencias de Farc y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una mezcla de diferentes factores de riesgos que han multiplicado las masacres, desplazamientos forzados, asesinatos selectivos y otras violaciones a los derechos humanos que podrían estar relacionadas de manera directa con la disputa por el control territorial, los corredores estratégicos y las rentas criminales.
¿Para qué emitir alertas sobre el nivel de riesgo de las comunidades si las instituciones no se van a comprometer a cumplir con las recomendaciones?
¿El gobernador Aníbal Gaviria y los alcaldes están acatando las alertas de la Defensoría del Pueblo?
Alerta Temprana AT 045-20
ALERTA TEMPRANA N° 045-2020 by Análisis Urbano Medellín on Scribd
A la AT 045 le anteceden las alertas 003-19, 009-18, 018-20, 020-19, 022-18, 026-18, 028-18, 029-18, 031-18, 035-19, que abordan con preocupación las dinámicas de consumación de los riesgos sobre la situación del conflicto territorial con demasiadas afectaciones a la población civil.
El 31 de agosto de 2020 la Defensoría del Pueblo advirtió en su AT 045 el rumbo de la vulneración a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario para los territorios rurales y urbanos de los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza generado por los grupos paramilitares y de guerrillas que se pelean el control territorial, lo que acrecentó las cifras de vulneración de los derechos humanos.
El riesgo se determinó con un centro de afectaciones en la población representada hacia los adolescentes, afrodescendientes, autoridades étnicas, campesinos, personas defensoras de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales, docentes; indígenas, jóvenes, integrantes del PNIS, mineros pequeños y ancestrales, mujeres, niños y niñas, periodistas, personal médico y sanitario, población migrante, servidores públicos; transportadores, firmantes de paz y población LGTBIQ+.
Así mismo, se alertaba sobre la presentación de eventos de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, contaminación por minas antipersonales, casos sobre desaparición forzada, desplazamiento forzado, confinamiento, despojo, extorsión, homicidio, masacre, violencia basada en género, violencia sexual, amenazas, regulaciones a la movilidad, homicidio selectivo, enfrentamientos con interposición de la población civil, ataque indiscriminado, masacres y homicidios a personas defensoras de los derechos humanos.
Por esta razón, resulta paradójico que la fuerza pública dentro de los consejos de seguridad emita concepto favorable de seguridad en un territorio copado territorialmente por estructuras armadas.
¿Por qué el Bajo Cauca tiene 24 Oficios de consumación de Riesgos a la AT 045?
La situación de riesgos sobre el Bajo Cauca le ha asignado ser el primer lugar en número de lugares con consumaciones de riesgos. Se sabe que en esta región de Antioquia existen 24 oficios de la Defensoría del Pueblo que dan cuenta de la consumación de riesgos por no atender de manera oportuna o diligente las acciones encaminadas a aplacar la crisis humanitaria de esos municipios.
Aquí es donde entran de manera directa las responsabilidades del actual gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria como máxima autoridad departamental por no coordinar las acciones interinstitucionales del Estado para disminuir los peligros a los que están siendo sometidas las poblaciones.
Presentamos una selección de 9 de estos oficios que muestran la gravedad de la situación que vivieron y viven las comunidades de los 6 municipios del Bajo Cauca:
1. Oficio del 4 de septiembre 2020. A escasos 4 días de haber sido emitida al Ministerio del Interior la AT 045, la Defensoría del Pueblo emite un nuevo oficio por las constantes dinámicas de disputas entre estos grupos armados ilegales por el control territorial, el ataque a blancos considerados enemigos, esta puede ser una de las razones de que la confrontación tenga como final la ocurrencia de masacres y desplazamientos forzados. En esa lucha territorial, la población lleva la peor parte. Se han reconocido casos de empalamiento de cabezas, descuartizamiento de personas, degollamiento y prácticas barbaries en los crímenes. El escalonamiento de la violencia no se detuvo siquiera durante las fechas de pandemia. Las cifras registradas por la Defensoría muestran un escalamiento de la violencia con la ocurrencia de amenazas, homicidios, desplazamientos y desapariciones forzados, entre otras conductas vulneratorias.
Ver Oficio 1.
Referencia: Consumación del escenario de riesgo advertido en la AT 045-2020 para el Bajo Cauca. Homicidios,… by Análisis Urbano Medellín on Scribd
2. Oficio 9 de septiembre 2020. 5 días después del anterior oficio de consumación de riesgos, la defensoría envía nuevamente otro oficio que da cuenta sobre la persistencia de una dinámica de expansión territorial y los enfrentamientos armados entre grupos armados, principalmente las autodenominadas AGC y el Bloque Virgilio Peralta Arena, también conocido como “Caparrapos” o Caparros”. Seguía en riesgos la población.
Ver oficio 2.
Referencia: Consumación del escenario de riesgo advertido en la AT No.045-2020 como consecuencia de masacre… by Análisis Urbano Medellín on Scribd
3. Oficio 10 de diciembre 2020. Ya con un riesgo extremo, la Defensoría del Pueblo muestra nuevamente su preocupación por la sistemática violación a los derechos de la población del Bajo Cauca por la persistencia en la disputa entre AGC y el Bloque Virgilio Peralta Arenas. Persistieron acciones como homicidios, masacres, desplazamientos forzados, restricciones a la libre movilidad y amenazas e intimidaciones contra líderes sociales y comunitarios.
Ver oficio 3.
Referencia: Consumación del Riesgo de la AT 045-20. Homicidios selectivos, masacres y desplazamientos masiv… by Análisis Urbano Medellín on Scribd
4. Oficio 28 de diciembre 2020. Las vulneraciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario contra la población se multiplicaron para esas fechas y dejan en evidencia un incumplimiento a las recomendaciones emitidas en la AT 04520, por lo tanto el goce efectivo de los derechos de las comunidades y sus garantías de seguridad son vulnerados constantemente. Este oficio menciona la consumación de seis (6) masacres y tres (3) desplazamientos forzados de carácter masivo entre septiembre y mediados de diciembre.
Ver oficio 4.
Referencia: Consumación del riesgo de la AT 045-20. Reiteración del escenario de riesgo ante la ocurrencia… by Análisis Urbano Medellín on Scribd
5. Oficio 10 de febrero 2021. En este oficio la Defensoría mantiene la hipótesis de no activación eficiente de las recomendaciones interinstitucionales para mitigar de manera eficaz la ocurrencia de las graves violaciones a los Derechos Humanos en este territorio. En ese momento advirtieron sobre la persistencia del escenario de riesgo de las AT 045-2020, la disputa territorial sostenida entre las estructuras de AGC (Frente Rubén Darío Ávila y Frente Francisco Morelos Peñate) y el Bloque Virgilio Peralta Arenas también reconocidos como Caparrapos en una zona geoestratégica. Las afectaciones se han centrado en el municipio de Tarazá, en zona rural del corregimiento El Guarumo, la Isla de Buenos Aires y la isla de la Amargura (también llamada la isla de la Dulzura) en Cáceres. En estas zonas se presentaron masacres, homicidios selectivos, desapariciones, amenazas, restricciones a la movilidad y enfrentamientos armados con interposición de la población civil.
Ver oficio 5
Referencia: Consumación del riesgo AT 045-20. Solicitud URGENTE a fin de llevar a cabo acciones institucion… by Análisis Urbano Medellín on Scribd
6. Oficio 16 de abril 2020. En este oficio la Defensoría del Pueblo solicita de manera urgente citar a sesión a Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas Para la Respuesta Rápida –CIPRAT- para abordar la situación de las comunidades indígenas en el municipio de Cáceres con el fin de dar respuesta institucional a la vulneración de los derechos de estas comunidades. Las comunidades indígenas de José de los Santos, Alto del Tigre, Campanario, Omagá, Puerto Bélgica – Ponciano, El Jardín, Carupia, Puerto Santo, Guarumo, Isla de la Dulzura, debido a la continua agudización del conflicto.
Ver oficio 6.
Referencia: Solicitud convocatoria sesión CIPRAT con el fin de abordar la situación de las comunidades indí… by Análisis Urbano Medellín on Scribd
7. Oficio 21 de mayo 2021. Dada la exacerbación de la violencia estructural, se cita nuevamente a CIPRAT con el fin analizar las respuestas de las medidas recomendadas para garantizar la vida, libertad, integridad y seguridad de la población Bajo Cauca por la crisis humanitaria materializadas en diferentes hechos violentos ya advertidos.
Ver oficio 7.
Referencia: Solicitud sesión CIPRAT de seguimiento con el fin de avanzar en la adopción de medidas efectiva… by Análisis Urbano Medellín on Scribd
8. Oficio 24 de septiembre 2021. Sobre un nuevo oficio de consumación del riesgo de la AT 045-20 y la reiteración de un escenario de riesgo por las graves violaciones a DDHH en los 6 municipios del Bajo Cauca. En hechos plenamente identificados se evidencian las consecuencias y afectaciones a la población civil como los desplazamientos forzados individuales, homicidios, amenazas y otras violaciones a los derechos humanos.
Ver oficio 8.
Referencia: Consumación del riesgo de la AT 045-20. Reiteración del escenario de riesgo ante la ocurrencia… by Análisis Urbano Medellín on Scribd
9. Oficio 10 de septiembre 2021. Las dinámicas de confrontación entre las mencionadas estructuras armadas ilegales persisten. Un grave hecho encendió nuevamente las alertas. Esta vez en el corregimiento de Puerto López del municipio de El Bagre, se presentó una incursión armada de las AGC, lo que dejó un homicidio de un campesino en la vereda Malena y una sensación de zozobra. Se advierte sobre el reinicio de la confrontación con Ejército de Liberación Nacional –ELN- aumentando el riesgo inminente de la población civil por nuevos enfrentamientos que determinaron desplazamientos masivos y/o confinamientos.
Ver oficio 9.
Referencia: Consumación del escenario de riesgo advertido en la AT No.045-20. Incursión armada de las AGC e… by Análisis Urbano Medellín on Scribd
Y no es para menos, en esta subregión de Antioquia convergen de manera directa en presencia armada las AGC, Los Caparrapos, Las Disidencias de Farc, el ELN y otras estructuras con un interés de controlar cada municipio y sus corredores estratégicos con una falta de voluntad y armonía de acciones interinstitucionales.
Cifras sobre violencia armada en el Bajo Cauca 2022
Antioquia conttinúa siendo el departamento con más casos de masacres en los últimos años. De aquí se desprende que el registro de casos en el Bajo Cauca se cometa el mayor número. En todos los municipios se ha visto casos de masacres, muy posiblemente estén relacionadas con el poder territorial y las disputas advertidas en la AT 045-20 para municipios como Cáceres, Tarazá, Caucasia, El Bagre, Nechí, Zaragoza, serían a los que hay que prestarles más atención.
Frente a los casos de violencia ocurridos durante el año 2022 se conocen 43 situaciones:
Este elemento de análisis muestra algunos datos sobre la continuidad de la violencia estructural en los municipios. La violencia se representa principalmente en amenazas (individuales/colectivas), Ataque a infraestructura militar / policial, Artefacto Explosivo Improvisado – AEI, Ataque a misión médica, Ataques a bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, Combates, Herida intencional en persona protegida, Homicidios políticos, Hostigamientos con interposición de la población civil, Incursiones armadas, Operaciones militares y hostilidades continuas impidiendo a las operaciones humanitarias, Restricciones a la movilidad y sobre, u obstrucción de acceso a servicios y asistencia por parte de las poblaciones y violencia sexual.
Homicidios en municipios del Bajo Cauca 2021-2022
En los municipios del Bajo Cauca, las cifras de homicidios vienen registrando un leve descenso, sin embargo, estas cifras siguen presentando una alta preocupación por su cantidad, ya que representan altas tasas que superar el promedio departamental y nacional.
Al respecto el Personero del municipio El Bagre, alerta públicamente sobre el incremento de los homicidios y cadáveres arrojados la Río Cauca en esa jurisdicción.
Masacres en ocurridas en Bajo Cauca 2020-2022
En el Bajo Cauca se registraron 17 masacres desde el año 2020. La fuerte arremetida de la violencia arreció principalmente contra las poblaciones de zonas urbano-rurales de los municipios de esta región de Antioquia.
El poder armado se ha impuesto a sangre y fuego contra la población a partir de las armas, las masacres que irradian un miedo generalizado y demuestran autoridades ilegales en estos territorios.
Son 17 masacres que representan una radiografía crítica de una zona sobre diagnosticada en términos humanitarios, donde han colapsado totalmente las funciones del Estado suplantadas en varios casos por quienes ostentan el poder real y paramafiosos.
Este panorama contrasta con la lectura que hacen las diferentes instituciones en sus consejos de seguridad que parecen negar unas altas prácticas armadas que vulneran los derechos humanos y el disfrute de los derechos fundamentales de estas comunidades.
No se entienden las razones que llevaron a las autoridades a determinar un concepto de seguridad favorable en esta zona altamente roja en términos de orden público.
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¿Por qué en el Comité de Justicia Transicional –CMJT- determinaron concepto de seguridad favorable?
Los Comités Municipales de Justicia Transicional (CMJT) son escenarios importantes para participación efectiva de las víctimas del conflicto armado en Colombia y en donde se toman medidas importantes en materia de seguridad y orden público en los municipios. Fueron creados por la Ley 1448 de 2011, conocida la Ley de Víctimas.
Un concepto fundamental para los municipios en materia de seguridad se decide siempre en el CMJT y basa la decisión en el análisis de 9 criterios:
- La presencia actual de grupos al margen de la ley
- Violación a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario
- Antecedentes históricos sobre afectaciones en el territorio como atentados
- Corredores de movilidad
- Alertas tempranas
- Explotación ilícita de yacimientos mineros
- Información sobre número de víctimas registradas
- Situación de existencia de mina antipersonal
- Artefactos explosivos improvisados y munición sin estallar en el respectivo territorio y apreciación de seguridad sobre la posibilidad de desarrollar o no un retorno o reubicación de población desplazada.
Particularmente en los CMTJ realizados para los municipios del Bajo Cauca, no cumple con todos los conceptos en materia de seguridad para establecer una favorabilidad, sin embargo, la fuerza pública, desconociendo la realidad territorial y los 24 oficios de consumación de riesgos ha pasado por encima de los estamentos que acuden al CMJT para imponer un concepto favorable en esta zona roja.
Es decir, es como si las autoridades de la fuerza pública estuvieran negando todos los factores de riesgo ocurridos en esta subregión o estuvieran negando la gravedad de la situación.
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Una Defensoría Subregional meramente burocrática
Como si esto fuera poco, a esto se adiciona una defensoría subregional que parece más una cuota burocrática y que se ha distanciado mucho más a las comunidades sedientas de garantías a sus derechos.
¿Por qué en la Subregional de la Defensoría del Pueblo en la zona más peligrosa de Antioquia no hay atención a quejas?, ¿Dónde está la nota de seguimiento a la AT 45 y por qué no se ha realizado a dos años de emisión de la alerta? ¿No hay delegado/a de Victimas?, ¿No hay internet en sus instalaciones?, ¿No hay ni impresoras fundamentales para el cumplimiento de una atención adecuada?
Testimonios de las comunidades argumentan que el defensor del pueblo Onaldo Alberto Córdoba, no es un funcionario que vele por los derechos de las comunidades, no cuestiona la inacción institucional, no defiende a las comunidades que están en alto riesgo, no exige el cumplimiento de las recomendaciones de la alerta temprana, mientras que los fenómenos de violencia se siguen agudizando.
Este elemento es muy grave, en la medida que no existe un compromiso del Defensor Subregional por el cumplimiento de las funciones del Ministerio Publico en la subregión que tiene los mayores niveles de riesgo.
Un caso excepcional es que, ante los diferentes escenarios de riesgo de las comunidades indígenas, no se ha intervenido como debe ser las afectaciones el conflicto que amenaza directamente a los resguardos y comunidades indígenas organizadas, éstas carecen de un Defensor étnico especializado, pese haber sido nombrado un funcionario asignado que brilla por sus constantes ausencias.
La situación se agrava ostensiblemente por las amenazas y desplazamiento forzado individuales de indígenas con riesgo alto producto de enfrentamiento entre ELN y AGC.
¿Dónde está el gobernador Aníbal Gaviria?
Los gobernadores en Colombia tienen el deber y la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y Leyes de la República, igualmente los decretos expedidos por el Gobierno Nacional y las ordenanzas departamentales.
Evidentemente la situación de orden público le atañe de manera directa por que es la máxima autoridad, además en las alertas tempranas de la defensoría tiene un papel fundamental en buscar la armonía para el acatamiento de las mismas, la defensa de la paz y de la vida de las comunidades que están dentro de su jurisdicción.
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Durante la Gobernación de Aníbal Gaviria no se han tenido repuesta efectivas a una situación crítica en el Bajo Cauca, por lo menos así lo indican las cifras que nuevamente muestran un aumento considerable en las acciones violentas.
Entre las recomendaciones realizadas en la AT se insta a la Gobernación de Antioquia a diseñar y hacer efectivos los planes de prevención y contingencia, que incorporen las rutas de atención a la población y prevenir la materialización de los riesgos bajo lo establecido en el Decreto 2252 de 2017 y 2078 de 2017 para mejorar la respuesta oportuna a las situaciones peligrosas.
Nuevamente, el Bajo Cauca seguirá entregado a los actores armados. Mientras las instituciones y el Gobernador de Antioquia sigan atendiendo las 24 alertas de consumación de riesgo con paños de agua tibia, las condiciones de seguridad de las comunidades se harán cada vez más difíciles.
A.U.
