La acción jurídica busca que el Estado reconozca estas mujeres como víctimas de violencia sexual y otros delitos por parte de actores armados, cumpla sus obligaciones de repararlas integralmente con enfoque de género y cese la revictimización.
La tutela se radicará tras una protesta pacífica del movimiento feminista en las afueras del Edificio de la Rama Judicial (José Felix de Restrepo) en la Alpujarra este miércoles 4 de abril a las 3:30 pm.
Además de buscar protección inmediata del derecho a la salud física, mental, sexual y social de las víctimas, las mujeres están preocupadas por la impunidad y los ataques a lideresas sociales en Colombia, así como por el aumento de los feminicidios en Medellín.
Las entidades entuteladas, tras un proceso de litigio estratégico que incluye acompañamiento e investigación, son la Unidad de Víctimas, la Alcaldía de Medellín, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Gobernación de Antioquia y la Fiscalía General de la Nación.
Casos como los de Sofía, Ana, Inés, Lucía y Juana, mujeres desplazadas y agredidas sexualmente en diez ocasiones por actores armados ilegales, que han tenido que enterrar a sus esposos, padres e hijos asesinados por hombres alzados en armas quienes, además, también han violado a sus hijas y reclutado forzosamente a sus familiares, suceden con frecuencia en los barrios de Medellín y municipios de Antioquia.
Las horas del horror, que en muchos casos suman años, ocurrieron en las laderas de la ciudad o en campos de Antioquia, Valle del Cauca u otros rincones de Colombia donde imperaron el miedo y el silencio. Hace dos años comenzaron a hablar y sanar gracias al acompañamiento psicosocial que inició la Corporación para la Vida Mujeres que Crean y hoy dan un paso más en la búsqueda de su reparación integral y transformadora.
Con el apoyo de la Corporación Colectiva Justicia Mujer esas cinco mujeres entutelan al Estado para exigir que la salud, la justicia, la verdad, la reparación les sean garantizadas efectivamente. Además, denuncian que en Medellín las mujeres víctimas de violencia sexual son revictimizadas pues, además de que sólo se les reconoce como desplazadas, les exigen pruebas de las violaciones ocurridas años atrás.
Las cinco mujeres viven en barrios populares de Medellín y son lideresas sociales, que al tiempo que los líderes sociales son atacados en todo el país, están siendo víctimas de amenazas, estigmatización y en algunos casos ataques como disparos en la puerta de sus casas tras amenazas de los combos que controlan sus barrios. Ellas gozan de protección constitucional reforzada por haber sufrido violaciones graves a los Derechos Humanos en el marco del conflicto armado que continúa mostrando su peor cara a las mujeres humildes que ejercen liderazgos. Además, la falta de atención del Estado sigue profundizando las heridas de una guerra donde han sido las más afectadas.
En Colombia el 52% de las víctimas registradas por la Unidad de Atención y Reparación Integral a Victimas (UARIV), es decir 4.5 millones, son mujeres. El acceso a la justicia es más complejo para ellas, pues la inexistencia del enfoque diferencial y de género ocasiona, entre otras cosas, la impunidad, que en delitos como las violencias sexuales en el marco del conflicto armado supera el 90%2.
La tutela que será radicada en el Edificio de la Rama Judicial en La Alpujarra es el resultado del acompañamiento no sólo a las cinco de Mujeres, sino también a sus familias y se trata de una medida cautelar para exigir respuestas y garantía de los derechos vulnerados: igualdad, dignidad humana, acceso a la justicia, salud, entre otros.
Con la demanda y la protesta que se realiza en las afueras del Edificio se reúnen evidencias de las múltiples barreras para la garantía de derechos a la justicia, la protección, el registro y especialmente la salud física, sexual, social y mental.
Al conjunto de las mujeres les preocupa, además, que sean sus lideresas y cabezas visibles en sus barrios quienes estén siendo más vulneradas, en un contexto de posacuerdo donde, según evidencian otros conflictos del mundo la violencia contra las mujeres tiende a aumentar. Al mismo tiempo, es de resaltar que en Medellín el riesgo de las mujeres de sufrir violencia sexual por actores armados es el doble respecto al resto del país, pues mientras esta probabilidad en el territorio nacional es del 18% en la ciudad es del 35%.
El proceso de acompañamiento psicosocial e investigación que conllevó a la demanda son liderados por la Corporación Colectiva Justicia Mujer y la Corporación Mujeres que Crean, y cuenta con el apoyo de Abogados Sin Fronteras de Canadá.