San Salvador, 5 diciembre de 2022.- El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, defendió este lunes la militarización en el municipio de Soyapango, actualmente bajo el «control» de al menos 10.000 efectivos de las fuerzas de seguridad, y aseguró que «no hay quejas de violación a derechos humanos».
En la madrugada del sábado, 8.500 soldados y 1.500 policías «cercaron» dicha ciudad, ubicada a un poco más de 12 kilómetros de San Salvador capital, y se desplegaron por las diferentes colonias que componen al municipio, en su mayoría estigmatizadas por la alta presencia de pandilleros durante años.
«No hay, hasta esta fecha, una sola queja de una violación de derechos humanos, no hay una sola queja de una afectación de la actividad cotidiana», dijo Ulloa a periodistas tras ser preguntado sobre la situación en la localidad.
El vicepresidente afirmó que «las actividades comerciales y económicas (…) las actividades escolares y deportivas se están llevando a cabo con normalidad».
Además, dijo que cada elemento del Ejército y de la Policía «aplica los procedimientos conforme a los protocolos de cada institución para respetar a las personas que son intervenidas».
Agregó que «existe un trabajo de inteligencia de cinco años que permite hacer la intervención (en Soyapango) sin afectar al cuerpo social», aunque el presidente Nayib Bukele lleva tres años y medio al frente del Ejecutivo.
«Cercar» la localidad de Soyapango se da en el contexto de un régimen de excepción, que cumplió 8 meses de vigencia y suspende varios derechos constitucionales, tras una ola de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días. Pero Bukele ha señalado que la medida corresponde a la fase cinco del Plan Control Territorial.
Dicho plan que fue lanzando en 2019 y a esta medida se le atribuye la baja en los homicidios a través de frenar las fuentes de financiamiento de las maras y retomar las zonas controladas por estas bandas.
Sin embargo, la población en general desconoce un documento oficial que detalle el camino para atender desde el Estado el fenómeno de las pandillas.
Organizaciones humanitarias registran más de 6.500 denuncias de atropellos a derechos humanos en el contexto del estado de excepción.
EFE
