La Asociación de Campesinos Unidos del Rio Nechí, Asocurn; y la Junta de Acción Comunal de Tamaco, en Tarazá, Antioquia, denuncian a través de un comunicado que las Empresas Públicas de Medellín tiene a las comunidades, afectadas por la crisis de Hidroituango, aguantando física hambre.
“Ni siquiera en los años que tenemos aguantando la guerra habíamos vivido una situación de hambre e incertidumbre como esta”, aseguran.
“En la actualidad somos víctimas por la emergencia de Hidroituango y sus consecuencias para nuestro diario vivir son nefastas. Nuestro sustento depende del río Cauca y por esta calamidad no hemos podido desarrollar actividades económicas poniendo en riesgo la economía y la vida de las comunidades del Bajo Cauca antioqueño. Por nuestra ubicación en la ribera del río, nos dedicamos a la pesca, la minería artesanal y la cría de aves de corral”, dice el escrito en uno de sus apartes.
“Las comunidades en el sector El doce, la vereda Tamaco y las demás veredas de Cáceres, un mes después de las primeras alertas, aún estamos en unos albergues improvisados que no dignifican al ser humano. Muchas personas se niegan a evacuar por falta de condiciones dignas en los albergues y puntos de evacuación no existen suficientes baterías sanitarias, es muy deficiente o nulo el acompañamiento de personal de áreas de la salud, no existe energía eléctrica, ni agua potable en los albergues”, lamentan en el comunicado.
“Fuimos obligados a dejar nuestros animales en las casas y fincas y no le hemos podido suministrar alimentos debido a la quiebra económica, al cierre del comercio y a la imposibilidad de volver a nuestros hogares. La alimentación está llegando muy poquita, teniendo en cuenta las características culturales y gastronómicas, se debe implementar medidas de atención con enfoque diferencial y bajo las necesidades nutricionales de la población”, agregan en su manifestación.
“Debe ser tenida en cuenta toda la comunidad, presente o no en los albergues y puntos de evacuación; toda la región es víctima, porque quienes están en las veredas de la parte alta o alejadas de la ribera del río, también se ven perjudicados por que tienen sus actividades económicas paralizadas ante la incertidumbre de una tragedia en marcha”, añade el texto.
“Solicitamos ayuda humanitaria urgente y protocolos de gestión del riesgo con enfoque diferencial, construidos en consenso con las comunidades. Ante la eventualidad de que esta tragedia no se pueda solucionar en varios meses, las comunidades del Bajo Cauca antioqueño necesitamos procedimientos concertados, verdad absoluta frente a la realidad de nuestras propiedades, y la manifestación de calamidad pública y declaratoria de crisis social y humanitaria para que se priorice la reactivación económica de la región”, finaliza el comunicado firmado en Tarazá, Antioquia, el 5 de junio de 2018.
Con información de http://kavilando.org