En una carta enviada a Mike Pompeo, Secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a su sede de Washington, defensoras de Derechos Humanos y líderes sociales le manifestaron su preocupación y requirieron de sus buenos oficios por la peligrosa escalada de asesinatos selectivos hacia estas personas en Colombia.
Los firmantes indican en el escrito, con fecha de junio de 2018, que los asesinatos selectivos de los defensores de derechos humanos y los líderes sociales colombianos “han aumentado alarmantemente”.
Y agregan que según la base de datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oacnudh, los ataques contra los defensores de Derechos Humanos en Colombia “se han incrementado en un 30% durante el último año”.
La siguiente es la transcripción del comunicado:
“Estimado Secretario de Estado Pompeo:
Le escribimos con gran urgencia para expresar nuestra preocupación respecto al aumento en el número de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia”.
“Respetuosamente le hacemos un llamado para asegurarnos que el Departamento de Estado, la Agencia para la Cooperación Internacional de Estados Unidos (USAID) y todos los otros departamentos y agencias de los Estados Unidos que están involucrados activamente – de palabra, acciones y recursos – se comprometan en llevar a la justicia a los culpables de estos crímenes”.
“Le hacemos un llamado adicional para que proteja a los líderes locales y nacionales, así como a sus familias y sus comunidades, y se asegure de que estos ataques no atenten contra o debiliten la implementación del histórico acuerdo de paz. Enfatizamos que darle prioridad a los derechos humanos es esencial para la seguridad nacional y los intereses económicos de los Estados Unidos y Colombia”
“Los asesinatos selectivos de los defensores de derechos humanos y los líderes sociales colombianos han aumentado alarmantemente. De acuerdo a la base de datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), los ataques contra los defensores de derechos humanos en Colombia se han incrementado en un 30% durante el último año”.
“En su reporte de 2017, OACNUDH reportó 121 asesinatos, cuyas fatalidades incluyen 84 defensores de derechos humanos en roles de liderazgo, 23 miembros de movimientos sociales y políticos, y 14 personas asesinadas durante protestas sociales. La Defensoría del Pueblo registró un total de 282 asesinatos de líderes sociales y trabajadores de derechos humanos en Colombia desde enero de 2016 y finales de febrero de 2018, incluyendo 22 durante los primeros dos meses de 2018. La organización Somos Defensores reportó 27 asesinatos durante los primeros dos meses y medio de 2018”.
“Esto significa que cada dos días y medio un líder social colombiano es asesinado. El 27 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación sobre el alarmante número de asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales registrado este año en Colombia, y urgió al Gobierno colombiano a que tome medidas para proteger a los defensores de derechos humanos y líderes sociales”.
“Como ya está enterado después de la visita reciente del Subsecretario Sullivan a la región, Colombia se prepara para tener elecciones en unas semanas y está implementando un complejo proceso de paz que pone fin a un conflicto de más de 52 años con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Entre las décadas de 1970 y 2000, miles de candidatos de partidos políticos, líderes rurales, organizadores laborales y otros líderes sociales fueron asesinados. El acuerdo de paz se basa en la idea de que todos los ciudadanos colombianos pueden participar en proyectos políticos y sociales sin temor a ser objetivo de violencia o asesinato”.
“Es de vital importancia que Colombia demuestre que activistas y actores políticos de oposición pueden participar con seguridad en la actividad política y social. Si los asesinatos selectivos continúan impunes, probablemente van a contribuir al aumento de la violencia. Esto sería un duro golpe a los intereses económicos, mercantiles y la seguridad nacional de los Estados Unidos en Colombia y América Latina, y un retroceso gigantesco a las inversiones que durante décadas ha adelantado el Gobierno de los Estados Unidos para fortalecer la sociedad civil, el sistema judicial y promover el respeto por los derechos humanos más básicos en Colombia”.
“Por estas razones, la reciente explosión en ataques y asesinatos contra los líderes sociales es de gran preocupación. Muchos líderes locales que vivieron por muchos años en zonas que controlaba la guerrilla han comenzado a levantar sus voces de protesta. De forma inquietante, ellos se enfrentan con acciones para silenciarlos y aterrorizarlos. Ya sea de manera coordinada o no, estos ataques están ocurriendo en todo el territorio colombiano. Entre los individuos y grupos que parecen ser los más afectados se encuentran:
• Las personas que denuncian violaciones a los derechos humanos o actos de corrupción en sus comunidades.
• Líderes indígenas y afrocolombianos que buscan reafirmar los derechos culturales, de propiedad, y tierra colectiva de sus comunidades.
• Participantes de movimientos políticos de base, progresistas y de no-violencia, cuya integridad física y el derecho a la participación están garantizados en el acuerdo de paz.
• Defensores de los derechos a la tierra, pequeños campesinos y familias que están intentando recuperar las tierras que fueron robadas o arrebatadas violentamente por grupos armados ilegales durante el conflicto”.
“En muchos casos, los ataques provienen de los actuales ocupantes de la tierra, o personas poderosas a nivel local o conectadas políticamente, a quienes les sirve están siendo asesinadas por colaborar en los programas de sustitución de cultivos gubernamentales y políticas de reforma rural”.
“De acuerdo con la OACNUDH y organizaciones de derechos humanos colombianas e internacionales que cuentan con una alta credibilidad, los autores intelectuales y perpetradores de estos asesinatos representan a un grupo específico de actores: grupos de crimen organizado o paramilitares; grupos guerrilleros pequeños como el Ejército de Liberación Nacional (ELN); disidentes de antiguas organizaciones guerrilleras que no participaron en los procesos de desmovilización; aquellos que controlan o se benefician del tráfico de drogas a escala local, la minería ilegal, extorsiones y otras actividades ilegales; y latifundistas e intereses regionales especiales que usan la violencia en contra de sus rivales políticos, pequeños campesinos a quienes buscan despojar de sus tierras, y líderes independientes y organizaciones sociales con el objetivo de mantener su autoridad y control”.
“En el pasado, las autoridades colombianas han demostrado que tienen la capacidad de reducir el número de dichos asesinatos cuando es una prioridad para ellos. Y mientras que la protección física de aquellos que enfrentan las situaciones de riesgo más altas es importante, también es costoso e impráctico proveer estas medidas para cada persona que se encuentre amenazada”.
“Nosotros creemos firmemente que los mecanismos de protección deben ser combinados con otras acciones decisivas. Primero y más importante es llevar rápidamente a la justicia a aquellos que planean y ejecutan estos asesinatos, y no simplemente a los sicarios que oprimen el gatillo. Segundo, que las autoridades colombianas en todos los niveles comuniquen de forma clara, pública y consistente que los perpetradores, colaboradores y beneficiarios de estos crímenes van a enfrentar consecuencias legales por sus acciones. Tercero, desmantelar a los actores armados ilegales y violentos que continúan asesinando y atacando a los líderes sociales, y a las estructuras económicas que los apoyan. Cuarto, que las autoridades colombianas garanticen la seguridad y provean recursos estatales y presencia institucional en las regiones entregadas por la guerrilla de las Farc, como se específica en el acuerdo de paz. Y quinto, que Colombia alcance un acuerdo de paz con el ELN por medio de las negociaciones que se están avanzando en Quito, comprendiendo que unas negociaciones exitosas requieren de la buena fe y el compromiso para terminar la violencia y el conflicto por parte del ELN”.
“Le solicitamos con urgencia al Departamento de Estado y a USAID que suministren los recursos y el apoyo necesario para que Colombia alcance estos objetivos, incluyendo presionar al actual Gobierno colombiano y a su sucesor para que den prioridad a estas acciones. El Congreso ha proveído fondos amplios para el año fiscal 2018 para estos fines y otros. Esto debería incluir un apoyo más vigoroso a y la insistencia en resultados por parte de las unidades especiales y mecanismos dentro de la Fiscalía General de la Nación, y aquellos especificados en el acuerdo de paz para detener la violencia paramilitar y el desmantelamiento de las estructuras criminales y otras estructuras violentas”.
“También debería incluir apoyo continuo y más resultados demostrados en el terreno por parte de la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales del Departamento de Trabajo (ILAB), el cual ha defendido los derechos y las protecciones laborales; y la Unidad de Inclusión Racial, Étnica y Social del Departamento de Estado (RESIU) y la Oficina para la Democracia, Derechos Humanos y Laborales (DRL), los cuales han jugado un rol fundamental en la evaluación de los retos laborales, de derechos humanos y derechos civiles que enfrentan las comunidades afrocolombianas e indígenas”.
“Más específicamente, urgimos al Departamento de Estado y a USAID para que suministren más recursos para la investigación, el enjuiciamiento, y la protección, y para que el estado colombiano cumpla completamente con las condiciones para la cooperación militar de Estados Unidos a Colombia. Esto debería incluir el incremento del apoyo a OACNUDH, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, a la Unidad de Protección Integral del Ministerio del Interior y a la Fiscalía General en forma de tecnología, apoyo técnico, ayuda para salarios administrativos y gastos logísticos, de forma que ellos puedan cubrir el territorio nacional. Es de especial importancia que dentro de la Fiscalía General, la Unidad Especial para el desmantelamiento de organizaciones criminales y los grupos remanentes del paramilitarismo y la Unidad para los Derechos Humanos muestren resultados concretos”.
“El Departamento de Estado y USAID deberían directamente y en coordinación con otros departamentos y agencias de Estados Unidos, incluyendo el Departamento de Defensa, priorizar el fin de los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, de forma que el Gobierno estadounidense hable con una sola voz y sea públicamente reconocido por todos los sectores dentro de Colombia por su participación en todos los frentes para solucionar esta problemática”.
“Los Estados Unidos también puede determinar cuál es la mejor manera para apoyar y avanzar con el Cuerpo Élite de la Policía Nacional, formada por medio del acuerdo de paz, la unidad que hasta ahora ha sido la responsable de la mayoría de los arrestos de los presuntos autores materiales o sicarios”.
“Finalmente, cuando la Comisión Nacional de Garantes de Seguridad, también creada por el acuerdo de paz, desarrolle su plan de acción para desmantelar las redes paramilitares responsables de la mayoría de estos asesinatos, el Departamento de Estado y USAID deberían determinar cuál es la mejor manera para apoyar la Comisión, las autoridades colombianas y la sociedad civil, para que alcancen los objetivos del plan”.
“Las personas que están cometiendo estos asesinatos deben saber que hay y habrá consecuencias para sus acciones. Es crítico que Colombia demuestre que es un país donde los ciudadanos son libres para participar en la política no-violenta y las acciones sociales sin correr el riesgo de ser asesinadas”.
“Por favor sepan que nosotros estamos listos para trabajar con ustedes con el propósito de avanzar en estas medidas y alcanzar estos objetivos tan pronto como sea posible”.