La Asociación Campesina del Bajo Cauca, ASOCBAC, rechazó a través de un comunicado la erradicación forzada que se adelanta desde el pasado domingo 10 de junio en la vereda Palomas del corregimiento de Puerto Valdivia, municipio de Valdivia, Antioquia.
“La crisis humanitaria que se vive en el Bajo Cauca y Norte de Antioquia, generada por la construcción de la represa de Hidroituango es una realidad que ha desbordado todos los planes y proporciones de respuesta estatal con las comunidades afectadas”, destacó la Asociación en el escrito.
La emergencia generada por la crisis en Hidroituango obligó a que el Gobierno Nacional suspendiera las jornadas de sustitución integral determinadas en los PNIS.
Esto llevó a un nuevo incumplimiento a lo pactado con las comunidades que se acogieron al “Acuerdo Colectivo para la Sustitución Voluntaria y Concertada de Cultivos de Uso Ilícito del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y el desarrollo territorial, enmarcados en la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.
Por esta razón, doscientos campesinos se manifestaron contra la jornada de erradicación forzada que inició la Fuerza Pública. En la actividad social y democrática, un campesino fue atacado y herido por miembros del ESMAD.
En el comunicado, la Asociación Campesina del Bajo Cauca rechaza toda acción y “agresión de la Fuerza Pública contra las comunidades que se han acogido a los acuerdos de sustitución y exigimos brindar todas las garantías suficientes para que podamos expresarnos públicamente dentro del derecho a la movilización y protesta social”.
“Insistimos al Gobierno Nacional a cumplir estrictamente lo acordado con las comunidades, para ello exigimos la activación urgente de los mecanismos de protección y seguridad para las comunidades y territorios que adelantan la sustitución de cultivos de uso ilícito, se cumpla con los PNIS y se notifique a las fuerzas militares de la zona la validez de los acuerdos pactados con las comunidades”, agrega la Asociación.
“Consideramos que estas acciones del Estado influyen en formas generalizadas de estigmatización social no acordes a los principios fundamentales de la Nación, que a la vez se escapan al espíritu del Acuerdo Final, como también el derecho a la paz contemplado en la Constitución Política”, añade el escrito.
La Asociación también hizo un llamado a los organismos nacionales e internacionales, de Derechos Humanos y organizaciones sociales para que estén en alerta ante los continuos incumplimientos por parte del Estado colombiano hacia al Acuerdo Final de Paz y el Acuerdo para la Sustitución Voluntaria de los Cultivos de Uso Ilícito.
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