Bogotá, 6 jun – La Fiscalía colombiana abrió una investigación contra seis generales retirados del Ejército que supuestamente promovieron un «plan de estímulos» para aumentar las «bajas en combate», que eran civiles presentados como guerrilleros dados de baja, modalidad conocida como «falsos positivos».
Así lo anunció este martes el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, durante una reunión con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan.
Los falsos positivos fueron ataques de militares a jóvenes y campesinos colombianos a los que hicieron pasar como guerrilleros para obtener resultados y que ocurrieron mayormente en los primeros años de la década del 2000.
Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia abrieron investigación a los mayores generales Hernán Giraldo Restrepo y Jorge Enrique Navarrete; a los brigadieres generales Fabricio Cabrera Ortiz, Raúl Rodríguez Arévalo, Felipe Paredes Cadena y Luis Fernando Rojas.
Según la Fiscalía, las investigaciones se abrieron porque «mientras estuvieron a cargo de varias unidades en el norte del país, habrían promovido un ‘plan de estímulos’ para que aumentaran las denominadas ‘bajas en combate’, situación que generó múltiples ejecuciones extrajudiciales».
Un primer escenario ocurrió entre 2004 y 2008, e involucra a grupos tácticos y operacionales adscritos a la Décima y a la Segunda Brigada de Ejército, con jurisdicción en los departamentos del Cesar y La Guajira.
La investigación indica que cinco de los altos oficiales investigados «presuntamente, ejercieron actos de presión sobre sus subalternos y les indicaron insistentemente que los únicos resultados válidos serían las ‘bajas’. A cambio, ofrecieron felicitaciones, permisos, licencias y vacaciones».
La Fiscalía añadió que «para cumplir con este propósito y obtener algún estímulo, el personal militar presentó como muertos en combate a campesinos, indígenas y habitantes de barrios marginales».
Las víctimas, en la mayoría de los casos, fueron engañadas con falsas ofertas laborales, trasladadas a sitios despoblados y apartados, entregadas a los uniformados y «asesinadas con disparos de fusil a corta distancia y en circunstancias que no reflejaban un enfrentamiento armado».
Sin embargo, en los reportes oficiales fueron reseñadas como integrantes de estructuras delincuenciales que atacaron a las tropas del Ejército.
LOS CASOS MÁS REPRESENTATIVOS
Según la Fiscalía se investiga al mayor general Giraldo Restrepo, por los eventos sucedidos entre el 24 de diciembre de 2004 y el 1 de julio de 2006, en los que se conocieron 33 víctimas de ejecuciones extrajudiciales durante el periodo en el que comandó la Décima Brigada Blindada de la Primera División del Ejército.
Mientras tanto, al mayor general Navarrete se le investiga por 15 víctimas. Estas personas murieron el 16 de enero de 2006, en Urumita (La Guajira).
El brigadier general Rodríguez Arévalo, fue llamado a declarar por dos hechos perpetrados en Manaure y Codazzi y (Cesar), en febrero y septiembre de 2006, en los que murieron siete hombres que, posteriormente, fueron presentados como «bajas en combate».
En su momento, el oficial era el comandante del Batallón de Artillería N.2 La Popa.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha encontrado evidencia concreta de 6.402 casos de ejecuciones en 31 de los 32 departamentos de Colombia, la mayoría de ellas entre 2002 y 2008 durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
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