En la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación sobre el patrocinio que empresas multinacionales habrían hecho al paramilitarismo, el ente acusador decidió compulsar copias para investigar penalmente a los alcaldes, gobernadores y demás funcionarios del más alto nivel ejecutivo que con sus conductas presuntas en lo años 1997 a 2004 hubiesen contribuido, por acción u omisión, a la conformación, vigilancia y control de las Convivir que funcionaron en la región de Urabá en ese periodo de tiempo.
En ese orden de ideas, los gobernadores Álvaro Uribe Vélez (de 1995 a 1997) y Alberto Builes Ortega (de 1998 a 2000), deberán comparecer a juicio. El exgobernador Guillermo Gaviria Correa (2001 a 2003) fue asesinado por las Farc en el año 2003, pero fue reemplazado por Eugenio Prieto Soto, el ahora gerente del Área Metropolitana, que sin embargo no fue mencionado en la investigación que consta de 461 páginas.
Los mandatarios regionales, según la Fiscalía, otorgaron licencias de funcionamiento a las Convivir y no les hicieron seguimiento y control. También serán investigados precisamente los directores de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad de esa misma época.
En el año 2017, la Fiscalía declaró delito de lesa humanidad el financiamiento a grupos paramilitares, por lo que este caso, conocido como la Paraeconomía, no prescribirá.
Financiar a las AUC significa que se patrocinó la comisión de graves actos de barbarie, ejecutados de manera sistemática y generalizada contra la población civil. Casos como el homicidio de 4.335 personas entre 1995 y 2004 en Apartadó, Turbó, Chigorodó y Carepa, en el Urabá antioqueño; la desaparición de 1.306 personas; el desplazamiento de 1.675 pobladores, la persecución y asesinatos de sindicalistas del sector bananero y el extermino de militantes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano. Todo esto y más, según la Fiscalía, con el financiamiento de terceros civiles del sector industrial tanto nacional como extranjero de la zona.
Para el ente acusador, al parecer, directivos y empleados de la Chiquita Brands entregaban dinero en efectivo y hasta en consignaciones bancarias a organizaciones (Bandex y Banacol) que apoyaban al frente Arlex Hurtado de las AUC que entonces eran lideradas por Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito, y que tenían injerencia en las zonas de Urabá y Santa Marta.
Según el exfiscal Eduardo Montealegre, quien reabrió la investigación en 2012 en contra de Chiquita, en 1997 se reunieron Carlos Castaño y directivas de Banadex para acordar los pagos, que entre 1997 y 2004 sumaban más de 100, es decir, US$1.7 millones.
La Fiscalía cree que desde 2002, Chiquita ya no hacía pagos a través de Bandex y Banacol, sino que lo hacía directamente a los paramilitares.
La entidad estatal ya llamó a juicio a trece (13) exdirectivos de la multinacional bananera. Los colombianos son, a saber: Reinaldo Elías Escobar De La Hoz, asesor jurídico; Luis Germán Cuartas Carrasco, gerente de relaciones laborales y legales; Álvaro Acevedo González, gerente de Banaldex; Víctor Manuel Henríquez Velásquez, gerente de Banacol; Javier Ochoa, gerente agrícola; Juan Diego Trujillo, secretario general en Banacol, Jorge Cadavid Marín, gerente del Convite, y Víctor Buitrago Sandoval.
Y los extranjeros: Dorn Robert Wenninger, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, José Luis Valverde Ramírez y Fuad Alberto Giacoman Hasbún.
Para la Fiscalía, estas personas sabían del actuar de las Convivir y aun así las contrataron para brindar seguridad privada al gremio bananero. Esas cooperativas fueron blanco de numerosas críticas y aun así los empresarios bananeros no solo les dieron su espaldarazo, sino que resolvieron auspiciarlas. Según una testigo, era común ver cómo reconocidos paramilitares eran contratados en las bananeras como capataces, auxiliares y en otros empleos.
La justicia de los Estados Unidos condenó a Chiquita Brands a pagar una suma de 25 millones de dólares por los pagos realizados a las AUC durante al menos 17 años.
* Con información de la Fiscalía