Ciudad de Panamá, 28 nov – Las autoridades de Panamá dijeron que este martes aplicaron a un grupo de 30 colombianos la medida de deportación y expulsión, las más severas contempladas en la ley migratoria panameña, siendo enviados a Colombia en un vuelo chárter.
A 27 de estas personas, la mayoría detectadas como parte del flujo migratorio irregular que procede de Colombia, se les aplicó la medida de deportación que contempla que en un periodo de 10 años no podrán volver a entrar a Panamá.
A otros tres que habían cumplido condena en Panamá por delitos contra la seguridad colectiva en la modalidad relacionada con droga y homicidio, se les aplicó la disposición de expulsión que implica que no podrán ingresar más a territorio panameño.
«Todas fueron sometidas al debido proceso con apego a las leyes nacionales y que ninguna mantenía perfil humanitario, aún cuando en su mayoría fueron detectadas en el flujo migratorio irregular que procede del vecino país», señaló un comunicado del Servicio Nacional de Migración (SNM).
En lo que va de 2023, han cruzado la peligrosa selva del Darién, fronteriza con Colombia, más de 465.000 personas, un 87 % más que en todo 2022, en su ruta hacia Estados Unidos, según cifras oficiales.
Las estaciones de recepción ubicadas cerca de la salida de la selva en la provincia panameña de Darién, reciben a los migrantes, donde se les ofrece atención sanitaria y alimentación y toman sus datos biométricos. Esa es una operación única en el continente y que consume millones de dólares, de acuerdo con el Gobierno panameño.
Las subdirectora panameña de Migración, Isabel Saravia, dijo a EFE que esta biometría se realiza en áreas de difícil acceso, y al momento de «perfilar», se «verifican los antecedentes de estas personas, se comparte información y se verifican los vínculos».
Explicó que esto hace la migración «más segura, protege a personas vulnerables realmente de personas criminales».
«Quizá en esta oportunidad no hay un caso de pedofilia. Sin embargo, hemos deportado personas con antecedentes de pedofilia que ponen en riesgo a los más de 40.000 niños que lamentablemente han transitado por nuestro Parque Nacional Darién», indicó.
Saravia dijo que en Darién incluso se han detectado «personas con antecedentes terroristas de África, Asia y de otros continentes».
«Por lo tanto», remarcó, «el compromiso con la seguridad es con todos, (y) es de una forma holística que Panamá trata de atender este tipo de temas, igualmente en dándole el enfoque humanitario, pero protegiendo a la región y a los grupos vulnerables».
En cuanto a las personas sometidas a deportación o expulsión, Saravia detalló que en lo que va de 2023 van «arriba de 640, hoy se suman 30 más», todas personas «que han sido sometidas al debido proceso, se les ha respetado los derechos humanos».
«Pero todas han representado un peligro para los grupos vulnerables que se encuentran con ellos y sobre todo para nuestro país, para nacionales y extranjeros y para la región», afirmó la subdirectora del SNM.EFE.
