El Parque Nacional de Bogotá oculta la realidad de indígenas desplazados por la violencia

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Bogotá, 16 ene – Cada mañana desde hace casi tres meses el céntrico Parque Nacional Enrique Olaya Herrera de Bogotá amanece con un centenar de niños indígenas que deambulan y juegan por los pasillos formados entre las carpas de plástico en las que duermen más de 400 indígenas emberas.

Son desplazados de sus comunidades de origen por la violencia y se asentaron en el céntrico parque de la capital colombiana por primera vez en septiembre de 2021 hasta que nueve meses después fueron reubicados a las afueras de la ciudad.

Pero ante la desidia y una falta de condiciones de habitabilidad del refugio donde les trasladaron han decidido volver a acampar en el centro de Bogotá, entre los árboles del Parque Nacional.

Hay casi 130 niños en el asentamiento, muchos de ellos ni siquiera llegan a los cinco años de edad, que caminan desatendidos, descalzos, y sin la suficiente protección contra el frío matutino de Bogotá.

Las nubes de humo de las hogueras que usan para cocinar se funden entre las copas de los árboles mientras algunas de las madres de las 137 familias que allí conviven preparan el desayuno.

Otras llevan a los menores al cauce de la corriente de agua que atraviesa el parque para asearse y lavar la ropa, que posteriormente dejan secando sobre el césped o colgada en cuerdas improvisadas entre árboles.

En busca de dónde vivir

Estos indígenas de la población embera katío fueron desplazados por la violencia de los departamentos del Cauca, Risaralda y Chocó, en el centro-oeste del país, y ahora viven una odisea para encontrar donde establecerse fuera de sus tierras.

La Alcaldía de Bogotá les ofreció en mayo de 2022, cuando estaban acampados por primera vez en el Parque Nacional, trasladarse a un refugio de la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, en las afueras de la ciudad.

Allí recibirían una mejor atención en salud y alimentación, pero «las autoridades incumplieron» con su promesa, según explica a EFE Demetrio Arias, vocero de la comunidad indígena. Por eso en noviembre pasado volvieron al parque tras un camino de casi cinco horas a pie desde el sector de La Florida.

Fotografía de indígenas en campamentos improvisados, el 15 de enero de 2024, en el Parque Nacional de Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

La situación humanitaria es precaria: los niños juegan en horario escolar al borde de la carrera séptima, una de las vías más ruidosas y transitadas de la ciudad.

Arias denuncia que lo que más les preocupa es que «los niños no vayan a la escuela y al jardín (de infancia)», y por ello piden acciones al Gobierno y un encuentro con la Secretaría de Educación.

Familias enteras duermen y conviven entre grandes plásticos que funcionan como carpas y se calientan con fogatas alimentadas por troncos de la madera de los árboles que ellos mismos obtienen del parque.

Emergencia sanitaria

La comunidad está de luto, pues el pasado jueves murió por una infección respiratoria un menor embera de cinco años que se encontraba con su abuela en el refugio de La Florida. Con él, ya van 33 menores fallecidos desde que llegaron por primera vez al Parque Nacional el 29 de septiembre de 2021, según la propia comunidad.

Además, a principio de año, la Secretaría de Salud también informó de que tres indígenas de 23, 24 y 41 años trataron de quitarse la vida en el parque, aunque fueron atendidas con rapidez y trasladadas al Hospital San Ignacio.

La deshidratación, las enfermedades y el hambre es lo que más alarma a la comunidad: «estamos sin alimentos y las mujeres están en riesgo».

«La situación que estamos viviendo en el Parque Nacional es muy dura porque los funcionarios públicos dijeron que nos iban a ayudar con la alimentación mensual, pero no están cumpliendo», lamenta Arias.

Es por ello que decidieron que, si no obtienen respuesta del Gobierno, «volveremos a la marcha en las calles», con una protesta el próximo 25 de enero.

Mientras tanto, el nuevo alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quiere retomar los diálogos con la entidad del Gobierno nacional que se dedica a la inclusión social, el Departamento de Prosperidad Social, para «buscar salidas para la población indígena embera» desplazada en Bogotá.

Paula Cabaleiro

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