La Junta Nacional de Fecode convocó a Paro Nacional del Magisterio de 24 horas para el martes 23 de octubre. Tras sesionar en la tarde de este jueves 18 de octubre, se decidió realizar ese día una Gran Toma a Bogotá, tomas a capitales, entre las que se encuentra Medellín, y movilizaciones en los municipios.
El principal objetivo del paro es el cumplimiento puntual y en su totalidad de los acuerdos firmados con el Gobierno Nacional el año pasado. El balance realizado por la Junta deja un estado preocupante, porque la gran mayoría de los puntos incluidos en el acta siguen dilatándose sin respuestas ni documentos oficiales.
A los maestros les preocupa el incumplimiento y el pésimo servicio de salud, que cada vez está más deteriorado. Los sindicatos regionales reportan que hasta las citas de medicina general son negadas; ni el Ministerio de Educación ni la Fiduprevisora ejercen su labor para garantizar que las entidades prestadoras cumplan con los términos de los contratos.
Fecode viene desarrollando con el Mineducación diálogos sobre la convocatoria a la tercera cohorte y el curso de formación para el 12% de los docentes inscritos a la segunda cohorte de la Evaluación con Carácter Diagnóstica Formativa. Aunque hay avances, hace falta que se emitan los decretos correspondientes, pues ambas convocatorias deben iniciar en este año 2018. En ese mismo orden, están casi todos los acuerdos, en dilación o sin cumplimiento.
El retiro del proyecto de ley 057 por parte del Gobierno Nacional en el Congreso de la República fue un logro, pero no garantiza que el mismo Gobierno decida implementar por otras vías las políticas planteadas en este documento, las cuales serían nefastas para la educación pública y los docentes del país.
Fecode coincide con los estudiantes, rectores y profesores universitarios en conformar un bloque amplio que convoque a más sectores, con el objetivo común de no sólo conseguir mayor presupuesto para educación pública; sino plantear soluciones de fondo al actual déficit que amenaza con agravar la crisis. Tal como se planteó el año pasado, una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones hoy se evidencia urgente.