Bogotá, 13 feb – La abogada Martha Janeth Mancera asumió este martes como fiscal general encargada de Colombia hasta que la Corte Suprema de Justicia elija a la nueva titular del cargo entre las tres candidatas propuestas por el presidente Gustavo Petro.
Mancera aseguró que está «abierta y dispuesta al diálogo con todas las instituciones del Estado» en referencia a la controversia que enfrenta al presidente con la Fiscalía y con la propia Corte.
«Asumo este rol por lealtad a mis deberes como funcionaria de la Justicia, pero consciente de que una permanencia extensa en la dirección del ente investigador y acusador no es deseable para una óptima marcha», dijo Mancera al asumir como remplazo temporal de Francisco Barbosa quien ayer terminó su periodo.
Igualmente dijo que «con independencia de quien llegue a ser la fiscal titular, la recibiremos de manera oportuna y con la mejor disposición en orden a cumplir las labores de empalme que corresponda».
Para suceder a Barbosa, Petro postuló a las juristas Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo, pero en las cuatro votaciones realizadas hasta el momento por la Corte, compuesta por 23 magistrados, ninguna ha logrado los 16 votos requeridos.
La Sala Plena de la Corte Suprema se volverá a reunir el 22 de febrero para una nueva votación luego de que la sesión del pasado jueves terminara con un asedio a ese tribunal por parte de manifestantes afines al Gobierno.
El presidente Petro, que mantiene un agrio enfrentamiento político e ideológico con Barbosa, quiere que la Corte elija cuanto antes a la nueva fiscal general para que no se prolongue la interinidad de Mancera, con quien también tiene serias diferencias.
Los cuestionamientos
Según un informe de la revista ‘Raya’, Mancera, que en febrero de 2020 fue nombrada vicefiscal por Barbosa, supuestamente encubrió los presuntos vínculos de Francisco Javier Martínez, director del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI, de la Fiscalía) en Buenaventura con una banda de traficantes de drogas y de armas.
El caso se originó en 2023 cuando dos agentes del CTI denunciaron una supuesta persecución por parte de Mancera por haber informado de los supuestos nexos de Martínez con el narcotráfico. Los denunciantes dijeron que le entregaron a la vicefiscal pruebas contra Martínez, pero esta no dio la orden de investigar.
Sin embargo, Mancera aseguró en una entrevista con el periodista Daniel Coronell que no era su deber abrir una investigación contra Martínez, ya que eran los agentes los que estaban obligados a denunciar y hacer un informe oficial que, según dijo, no realizaron.
Por este caso la misma Fiscalía le abrió una indagación a Mancera que, sin embargo, fue archivada por la entidad en enero de este año.
Retos de Mancera
Sectores afines a Petro consideran que la Fiscalía no ha sido imparcial en investigaciones como la de Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente y quien está procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, caso que salpica la campaña presidencial de su padre en 2022.
El mismo Petro ha manifestado su molestia por un registro judicial que la Fiscalía y la Corte Suprema hicieron a la sede en Bogotá de Fecode como parte de la investigación por el supuesto aporte de 500 millones de pesos (unos 127.000 dólares) que hizo ese sindicato de maestros a su campaña y que no fue informado a la autoridad electoral.
El jefe de Estado ha subrayado que la Constitución le prohíbe a la Fiscalía investigar al presidente y que eso fue lo que hizo Barbosa «en actividades que han incluido la tortura, la presión a testigos y la conversión de hechos completamente legales en ilegales».
Por esa razones, el mandatario espera que, en aras de la imparcialidad, el periodo de Mancera como fiscal general encargada sea lo más breve posible.
EFE
