BOLÍVAR, COLOMBIA (23 FEB 2024) – Carlos José García Salcedo, quien ocupó el cargo de director financiero en la alcaldía de Magangué, ha sido capturado y deberá cumplir una condena de 10 años de prisión. La acción fue ejecutada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, tras una exhaustiva investigación que lo encontró culpable de peculado por apropiación y falsedad en documento público.
Los hechos que llevaron a esta condena tuvieron lugar en noviembre de 2014, cuando García Salcedo, en complicidad con otras tres personas, ejecutó un plan para apropiarse de 101.5 millones de pesos. Estos fondos estaban destinados al pago de una acreencia a una empresa promotora de salud. Mediante el uso de documentos falsificados, el grupo fingió representar a una EPS, logrando que el municipio desembolsara el dinero, proceso que fue autorizado y facilitado por García Salcedo.
La investigación destacó la negligencia de García Salcedo en sus responsabilidades de supervisión y verificación de los documentos presentados, evidenciando una grave falla en la administración y custodia de los recursos públicos. Esta omisión resultó en el desvío de fondos municipales, afectando directamente la integridad financiera de Magangué.
La sentencia y posterior captura de García Salcedo subrayan el compromiso de las autoridades colombianas con la lucha contra la corrupción y el abuso de poder. Su reclusión en la cárcel Camilo Torres de Magangué marca un precedente importante en los esfuerzos por preservar la transparencia y la justicia en la gestión de los fondos públicos.
Este caso es un recordatorio de las consecuencias legales que enfrentan aquellos que se involucran en prácticas corruptas, y refuerza la necesidad de una vigilancia constante y una gestión ética de los recursos del estado.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.