Washington, 1 mar – Víctimas de esterilización forzada en Perú y organizaciones que promueven los derechos humanos solicitaron este viernes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que inste al Estado peruano a cumplir con la política de reparación integral a las afectadas por dicha práctica.
Así lo requirieron organizaciones como la Asociación de Mujeres Víctimas de Esterilización Forzada de Chumbivilcas y el Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA), en una audiencia del 189 Período de Sesiones organizado por la CIDH en Washington en la que participaron de forma virtual.
«El Estado peruano se comprometió a una reparación justa, pero ha mostrado resistencia», aseguró Yudith Conto Cantera, abogada de Derechos Humanos Sin Fronteras, a la vez que pidió que se tenga en cuenta la opinión de las víctimas en el diseño y ejecución de dicha política.
Bajo el Gobierno que presidió Alberto Fujimori (1990-2000) se diseñó y presentó un plan de control de la natalidad que planteaba reducir los índices de pobreza y tasa de nacimientos entre la población rural y de la selva peruana, con el fin de elevar las condiciones económicas del país.
Sin embargo, este plan dio prioridad a la llamada anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), principalmente entre mujeres, sin cumplir con los protocolos de información previa, voluntad y condiciones adecuadas, e imponiendo «cuotas» para los médicos a cargo de las operaciones.
Según datos del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar practicado entre 1996 y 2000, durante esos años se esterilizó a más de 270.000 mujeres, en su mayoría andinas, quechuahablantes y pobres, pero se desconoce con exactitud cuántas fueron sometidas a la operación sin su consentimiento informado.
Ya el pasado diciembre, la CIDH exhortó al Estado peruano a tomar medidas urgentes que garanticen el acceso a la justicia de las víctimas que sufrieron esterilizaciones forzadas durante el Gobierno de Fujimori, puesto que la organización consideró dicha práctica «una grave violación de derechos humanos».
Este caso ha sido abierto judicialmente y archivado varias veces en Perú desde que se denunciaron los hechos, por lo que una de las víctimas, Inés Condori Anaya, pidió una programación en la implementación de la reparación, como también «vigilancia» sobre dicho plan por parte de la CIDH.
Un punto en el que insistió María Ysabel Cedano, abogada de DEMUS-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, quien apuntó que el Estado Peruano “no ha cumplido con el acuerdo de solución amistosa al que se comprometió en 2003”, en el que asumió su responsabilidad en los hechos.
Por esto, entre las propuestas expuestas, las representantes de la sociedad civil pidieron que la implementación de la política de reparación sea a nivel nacional, recibir becas para sus hijos, tener derecho a asistencia psicológica y psiquiátrica y que el Estado del Perú pida perdón.
«Somos discriminadas, estigmatizadas y mal vistas por nuestros vecinos. Queremos atención psicológica y psiquiátrica y que el Estado nos escuche», sentenció de forma virtual en la sesión otra de las víctimas, Paula Chicunio.
Ante la exposición de los testimonios, en representación del Estado peruano, el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Luigino Pilotto Carreño, reiteró que el ejecutivo lamenta los hechos y que está «avanzando» para garantizar la reparación.
En relación con esto, el Jefe de Gabinete del Ministerio de Salud peruano, Pedro Cruzado, afirmó que el gobierno ha realizado «modificaciones legislativas y de políticas públicas» para eliminar enfoques discriminatorios.
«En los últimos cinco años, se han realizado 142.627 atenciones a 7.159 de las personas registradas como afectadas; el 92 % fueron citas de atención general y el 8 % de salud mental», recalcó.
La sesión, presidida por la relatora sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, Roberta Clarke, también contó con la intervención de la comisionada argentina de la CIDH Andrea Pochak, que lamentó que el pasado diciembre la Corte Suprema de Justicia de Perú anulase el proceso judicial contra Fujimori y otras autoridades.
En este sentido, Pochak recordó que «una reparación, para ser integral, debe incluir justicia».
EFE
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