BOYACÁ, COLOMBIA (9 MAR 2024) – Lilia Patricia Cardozo Cipamocha, una conocida lideresa social de Boyacá, ha sido imputada por la Fiscalía bajo la acusación de simular haber sido víctima de un ataque con un agente químico. Este acto, presuntamente orquestado para obtener beneficios de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), ha desatado controversia y preocupación en torno a la integridad dentro del activismo social.
El 11 de abril de 2023, Cardozo Cipamocha presentó una denuncia alegando que, durante su paso por el Parque Santander en Tunja, fue agredida con una sustancia corrosiva que no solo comprometió su bienestar físico y emocional, sino que también puso en riesgo la seguridad de su familia. Esta afirmación llevó a la asignación de un esquema de protección especial por parte de la UNP, un recurso destinado para aquellos en riesgo inminente debido a su labor.
Sin embargo, una meticulosa investigación dirigida por una fiscal del Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, con el apoyo de un fiscal de la Seccional Boyacá, ha puesto en tela de juicio la veracidad de esta denuncia. Elementos clave como la adquisición por parte de Cardozo Cipamocha de un producto de limpieza de alta concentración química, junto a evidencias de videovigilancia que la muestran caminando sola sin la presencia de agresores, han sido determinantes para cuestionar la autenticidad del supuesto ataque.
Ante estas revelaciones, la Fiscalía ha procedido a imputar a Cardozo Cipamocha con los delitos de falsa denuncia, fraude procesal y fraude a subvenciones, cargos que la acusada ha decidido no aceptar. Este caso subraya la importancia de la honestidad y la transparencia dentro del activismo social, así como el uso responsable de los recursos destinados para la protección de líderes amenazados.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.