VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA (11 MAR 2024) – En un esfuerzo por debilitar las estructuras financieras del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN, la Fiscalía General de la Nación ha aplicado medidas cautelares sobre una propiedad rural vinculada con este grupo armado ilegal. La finca, situada en Calima – Darién, Valle del Cauca, abarca 16 hectáreas y ha sido ocupada con fines de extinción de dominio bajo la estrategia ‘Argenta’.
José Ferney Riascos López, conocido como alias El Zarco y señalado cabecilla de la facción, fue capturado en el lugar en octubre de 2023. Durante el operativo, las fuerzas de seguridad lograron incautar armamento y munición, evidenciando la utilización del inmueble para actividades delictivas.
Investigaciones posteriores han revelado que la adquisición de la finca, compuesta por dos viviendas y vastas áreas de terreno, fue financiada con recursos obtenidos de las diversas actividades ilícitas perpetradas por el ELN en la región. Se estima que el valor del predio supera los 800 millones de pesos.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha asumido la gestión de la propiedad, en espera de que procedimientos legales adicionales determinen su futuro. Este golpe al patrimonio de organizaciones criminales subraya el compromiso de las autoridades colombianas con la lucha contra los grupos armados ilegales y sus fuentes de financiación.
Esta operación no solo busca afectar los recursos económicos del ELN sino también mandar un mensaje claro sobre la determinación del Estado en perseguir y desmantelar las redes de apoyo a estos grupos en todo el territorio nacional.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
