NORTE DE SANTANDER, COLOMBIA (8 ABR 2024) – Un importante golpe contra la extorsión se registró en Villa del Rosario, Norte de Santander, donde tres individuos fueron detenidos y posteriormente enviados a prisión por su presunta vinculación en actividades de extorsión agravada hacia un comerciante local.
Kenny Yanaiber Pérez Pérez, Alexis Ramón Michalena López y Luisana Nayleth Hidalgo Rodón son los nombres de los procesados, quienes, de acuerdo con la investigación adelantada, se identificaban como miembros del grupo delincuencial organizado Tren de Aragua. Estos individuos habrían estado exigiendo pagos semanales en dólares al comerciante, amenazando su seguridad, la de su familia y la de su negocio en caso de no acceder a sus demandas.
La captura de los acusados fue posible gracias a un operativo de entrega controlada liderado por el Gaula de la Policía Nacional, realizado el 6 de abril, lo que permitió su detención en flagrancia mientras recibían el dinero exigido a la víctima. La efectividad de esta intervención resalta la pericia y el compromiso de las unidades especiales en la lucha contra la extorsión.
Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata presentó el caso ante un juez con funciones de control de garantías de Norte de Santander, quien decidió imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad, enviando a los procesados a la Cárcel Modelo de la ciudad para el cumplimiento de la medida impuesta.
Este incidente no solo subraya la presencia y las actividades criminales del Tren de Aragua en Colombia, sino también la importancia de la determinación de las autoridades para proteger a los ciudadanos y empresarios de la región de la extorsión y otras formas de violencia.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
