SABANALARGA, ANTIOQUIA, COLOMBIA (15 ABR 2024) – Carlos Andrés Salas Ortiz, alias Chicharro, supuesto cabecilla de una subestructura del Ejército Gaitanista de Colombia, ha sido enviado a prisión preventiva como presunto responsable del secuestro de una mujer embarazada, su sobrina y su hijo menor de edad. La medida de aseguramiento fue obtenida por la Fiscalía General de la Nación tras una operación coordinada por un fiscal del Gaula de Medellín y apoyada por la Policía Nacional.
El incidente tuvo lugar el 28 de diciembre de 2022, cuando tres hombres obligaron a las víctimas a descender de un bus intermunicipal en el sector el Junco del municipio de Sabanalarga, mientras se dirigían a Medellín. Las víctimas fueron retenidas en la vía pública durante 40 minutos, y posteriormente, la mujer fue trasladada a una vivienda, donde fue amordazada y lesionada mientras le exigían información sobre la presencia de disidencias de las FARC en la zona.
Salas Ortiz, quien desde el año 2023 sería integrante de la subestructura Edwin Ramón Velásquez Baye, con injerencia en algunos municipios del occidente antioqueño, fue capturado en Caicedo (Antioquia) por efectivos de la Policía y el Ejército Nacional. Durante la detención, se le incautó un arma de fuego calibre 9mm.
El grupo al que se presume pertenece Salas Ortiz se financia principalmente a través de extorsiones a mineros, ganaderos, comerciantes y cafeteros. El capturado ha sido imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado, en calidad de cabecilla, secuestro simple agravado y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, cargos que no aceptó.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
