CARTAGENA, BOLÍVAR, COLOMBIA (22 ABR 2024) – Un escándalo de corrupción ha sacudido la Secretaría de Educación de Cartagena, donde un funcionario y su hijo han sido judicializados bajo serias acusaciones de corrupción, según informó la Fiscalía General de la Nación. Félix Augusto Escorcia Atencio, empleado del Fondo de Servicios Educativos (FOSE), y su hijo, Félix José Escorcia Gómez, enfrentan cargos por peculado, abuso de funciones y enriquecimiento ilícito.
Los hechos investigados indican que Escorcia Atencio, aprovechando su posición, habría manipulado los informes contables de varios colegios entre 2020 y 2023. Según la Fiscalía, logró que los rectores de los colegios le permitieran gestionar dichos informes, una función que subcontrató a terceros. Los pagos por estos servicios, sin embargo, se dirigían a su hijo, quien presuntamente recibió al menos 110 millones de pesos del erario público.
Un juez de control de garantías ha impuesto medida de aseguramiento privativa de la libertad contra ambos implicados, quienes han rechazado todos los cargos presentados en su contra. Además, se les ha impuesto una fianza de más de 10 millones de pesos a cada uno.
El caso también ha afectado a la comunidad educativa, con rectores de dos colegios públicos procesados por su presunta colaboración en las actividades ilícitas de los Escorcia. Estos directivos escolares habrían facilitado el acceso y manipulación de la información financiera de las instituciones implicadas.
Este caso subraya los desafíos que enfrenta Colombia en la lucha contra la corrupción dentro de las instituciones públicas, especialmente en sectores tan críticos como la educación, donde los fondos desviados podrían haber sido utilizados para mejorar las condiciones de aprendizaje y desarrollo de los estudiantes.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
