A través de un comunicado, el Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Sindhep, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, “la persecución a la que han venido siendo sometidos varios servidores públicos que desarrollan trabajo humanitario para la prevención de infracciones al Derecho Internacional Humanitario y la protección de derechos humanos en territorios donde se desarrolla el Conflicto Armado Interno colombiano”.
En el escrito, el Sindhep cuestiona el “manto de silencio de la Defensoría del Pueblo, en cabeza del Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, que si bien ha hecho una notable tarea sobre las cifras de asesinatos y amenazas a líderes sociales, no se compadece con su obligación ética y moral de hacer visible y atender los casos que se vienen presentando sobre los derechos fundamentales a la vida, libertad, integridad y seguridad humana de sus trabajadores; el ejemplo empieza por casa, con mayor razón sí se trata de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Colombia, y quien fuese elegido recientemente como Secretario de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos-GANHRI”.
“Ante tal silencio”, agrega el texto “denunciamos que las amenazas proferidas contra los trabajadores humanitarios de la Defensoría del Pueblo sin duda corresponden a conductas de violencia organizada para limitar y/o detener las labores de prevención y protección de vulneraciones a los Derechos Humanos adelantadas por funcionarios públicos en desarrollo de las tareas encomendadas a la Defensoría del Pueblo de Colombia, en cumplimiento de lo ordenado respecto de los Derechos de las Víctimas del Conflicto Armado y lo definido en el Acuerdo Final de Paz; y a favor de comunidades en riesgo y vulnerables debido a la compleja dinámica de la confrontación armada que persiste y se agudiza en los territorios. Por tanto, dichas amenazas son de tal gravedad que no sólo atentan contra la vida e integridad de los compañeros Defensores de Derechos Humanos, sino también contra el cabal cumplimiento del mandato constitucional de la Defensoría del Pueblo de Colombia, lo que además se perfila como respuesta alineada a lo que está ocurriendo en los distintos escenarios del ejercicio de defensa de derechos en el país”.
Los casos que denuncia el Sindhep son:
1) En la Defensoría del Pueblo Regional Urabá, el Defensor Comunitario ha sido amenazado por organizaciones armadas debido a su labor de acompañamiento institucional a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, donde se desarrolla resistencia civil no violenta de las comunidades en oposición a la intensa conflictividad militar y al despojo territorial en el marco del Conflicto Armado Interno. Esas amenazas habrían ocasionado el desplazamiento forzado del servidor público desde el pasado 7 de junio de 2018, quien en consecuencia, “en lugar de haber recibido un trato digno y humanitario por parte de la entidad, las actuaciones institucionales por el contrario han agravado la vulneración de los derechos del compañero amenazado, dado que no sólo no ha sido objeto de atención emocional ante el estrés y el trauma producido por la amenaza, el desplazamiento forzado y la incertidumbre de su situación laboral, si no que le han iniciado una investigación disciplinaria”.
2) En la Defensoría del Pueblo Regional Urabá, el 29 de septiembre del presente año, el Analista Regional del Sistema de Alertas Tempranas, recibió en su teléfono institucional, “un texto amenazante que obligó a su desplazamiento forzado para proteger su vida, libertad e integridad. A pesar que esta situación ocurre en el marco de sus funciones, la Defensoría del Pueblo no destinó ningún recurso para coadyuvar su salida del territorio, concertar las medidas de protección más adecuadas para su situación profesional, personal y laboral, ni la atención emocional correspondiente. Contrario a la observancia de enfoques humanitarios, de prevención y de protección frente a la compleja situación de riesgo del servidor público, la entidad le ordenó el 7 de noviembre retornar de manera inmediata a cumplir sus funciones en la Regional Urabá, lugar de donde proviene la amenaza contra su vida, advirtiéndole la Directora de Recursos Humanos de la Entidad la apertura de procesos disciplinarios en caso de no acatar esa orden y sin que medie ningún proceso de concertación entre la entidad y el servidor público en riesgo”.
3) En la Defensoría del Pueblo Regional Casanare, el Defensor Comunitario ha sido objeto de reiterados y graves señalamientos debido a sus labores de acompañamiento de organizaciones defensoras de derechos humanos y movimientos sociales en Casanare, particularmente las organizaciones de mujeres desplazadas, organizaciones comunales y organizaciones indígenas, y ha sido “denunciado de forma temeraria de ser responsable de conductas que constituyen graves violaciones a los derechos humanos como el desplazamiento forzado”. Estos actos de “señalamiento y estigmatización” son un mecanismo, continúa el comunicado, “para limitar sus actividades de protección de derechos humanos en barrios marginales y territorios de los pueblos indígenas en los Llanos Orientales bajo situaciones de alta conflictividad armada, poniendo en riesgo su vida con este tipo de acusaciones sin fundamento”.
Los casos antes mencionados se suman a situaciones de riesgo reportadas por trabajadores humanitarios de la Defensoría del Pueblo asociados a Sindhep en otras regiones, “lo que permite hacer la lectura de los hechos como un fenómeno creciente que se configura en situaciones de vulneración de carácter estructural, y que se encuentran documentadas en el marco del derecho a la libertad sindical”, añade el texto.
Considera el Sindicato, que las situaciones descritas “son resultado de acciones violentas organizadas que tienen como propósito limitar y/o detener la función pública de los trabajadores humanitarios de la Defensoría del Pueblo, especialmente sus labores de protección de derechos humanos en comunidades altamente vulneradas por el Conflicto Amado y en situación de riesgo, con persecución sobre servidores públicos que de manera ética y profesional desarrollan labores humanitarias de protección de los derechos fundamentales declarados en la Constitución Política de Colombia de 1991 y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por la República de Colombia, así como en virtud de lo mandatado a la Entidad como parte de la implementación del Acuerdo Final de Paz”.
Así continúa el comunicado:
“Denunciamos estos hechos como una persecución fundamentada en motivaciones socio-políticas sobre servidores públicos que defienden Derechos Humanos, el Estado Social de Derecho, el mandato constitucional y legal de la Defensoría del Pueblo, y además ejercen la libertad sindical.
Por tal motivo, con preocupación advertimos que esas conductas están sancionadas por el Estatuto de Roma como Crímenes de Lesa Humanidad y están bajo jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
Por la grave situación que venimos atravesando solicitamos:
1. Al Defensor del Pueblo de Colombia, que no guarde más silencio frente a tales situaciones de mucha gravedad, que disponga de mecanismos institucionales para la protección efectiva e integral de los derechos fundamentales de los trabajadores humanitarios y defensores de derechos humanos que realizan servicio público desde ésta entidad estatal y se encuentran en situación de riesgo debido al ejercicio de sus funciones públicas, específicamente la puesta en marcha y adopción en el organigrama institucional de una línea operativa y especializada para la prevención, protección y atención durante el desarrollo de las misiones en terreno y otros riesgos derivados de sus funciones, con protocolos e infraestructura suficiente y atendiendo al principio “pro homine” en materia de derechos humanos.
2. A las autoridades judiciales de la República de Colombia, investigar éstas situaciones denunciadas públicamente, y al Gobierno Nacional adoptar las medidas de protección adecuadas para trabajadores humanitarios del Ministerio Público, con enfoque territorial y de derechos.
3. Al Señor Procurador General de la Nación, quien viene liderando la Mesa Nacional de Garantías para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, se solidarice y adelante las acciones que estime conveniente en el marco de sus funciones, y convoque una audiencia para analizar la situación de los servidores públicos que realizan funciones de defensa de derechos humanos y trabajo humanitario en el país.
Solicitamos a la comunidad internacional, las organizaciones defensoras de derechos humanos, a los sindicatos, y las organizaciones y movimientos sociales, su solidaridad con las comunidades y organizaciones sociales acompañadas por los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo especialmente en Urabá y Casanare, y la observación sobre la situación de derechos humanos en estos territorios, en vista de que las acciones institucionales de prevención y protección están limitadas por el riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales al que están expuestos los trabajadores humanitarios por el desarrollo cabal de sus labores en terreno.
¡Exigimos el Derecho a Defender Derechos Humanos en Colombia, que no nos cuesta La Vida!”.