BARRANQUILLA, ATLÁNTICO, COLOMBIA (11 MAY 2024) – Mayra Alejandra Zapata Gómez, de 38 años, ha sido enviada a prisión preventiva tras ser acusada de suscribir contratos fraudulentos con la clínica de la Policía del Atlántico utilizando documentación falsa. Entre 2020 y 2023, Zapata Gómez logró firmar seis contratos que suman un valor de 140 millones de pesos, haciéndose pasar por médico general en la institución ubicada en Barranquilla.
La detención de Zapata Gómez se llevó a cabo en Cartagena (Bolívar) el pasado 23 de abril, por agentes de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial. La Fiscalía General de la Nación la ha imputado por varios delitos, incluyendo falsedad en documento privado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales a título de interviniente, y enriquecimiento ilícito de particulares. Durante las audiencias preliminares, la acusada no aceptó ninguno de los cargos.
El juez con funciones de control de garantías, acogiendo la petición de la Fiscalía, dictó medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario, subrayando la gravedad de los delitos imputados. Este caso ha puesto en evidencia significativas brechas de seguridad en los procesos de contratación de la clínica, lo que ha llevado a un llamado para una revisión y fortalecimiento de los protocolos internos para evitar futuras incidencias de esta naturaleza.
Las autoridades continúan investigando el alcance de las actividades ilícitas de Zapata Gómez para determinar si hay más implicados en este esquema de fraude. Mientras tanto, el caso ha generado un debate sobre la necesidad de mayores controles en la contratación en el sector salud para proteger recursos públicos y asegurar la calidad del servicio a los ciudadanos.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.