CASANARE, COLOMBIA (16 MAY 2024) – La Fiscalía General de la Nación ha logrado imponer medidas de aseguramiento privativas de la libertad contra tres individuos acusados de cometer diversos hurtos en el departamento de Casanare. Esta acción subraya el compromiso de las autoridades en combatir la delincuencia y proteger a los ciudadanos.
Samy Yuriany Suárez Flórez fue detenida recientemente en una vía pública de Yopal. La orden de captura en su contra responde a su presunta participación en el robo de 13 millones de pesos y varios equipos de comunicación de un local de cárnicos en la vereda Sirivana, una zona rural de la capital casanareña. Suárez Flórez tiene cinco anotaciones judiciales previas por hurto y lesiones. La Fiscalía le imputó el delito de hurto calificado y agravado, cargos que no aceptó.
Por otro lado, Diego Alejandro González Ariza y Wuendy Nathaly Sánchez Silva, de 33 y 24 años respectivamente, fueron capturados en el centro del municipio de Aguazul. Se les acusa de robar una motocicleta a una menor de edad el pasado 28 de enero en el barrio Alcaraván. Ambos enfrentan cargos por hurto calificado y agravado, que tampoco aceptaron. González Ariza fue enviado a un centro carcelario, mientras que Sánchez Silva recibió detención domiciliaria. Estos dos individuos suman 14 anotaciones judiciales por delitos de hurto calificado y agravado, tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar, receptación y lesiones personales.
Estas detenciones y medidas judiciales destacan la efectividad de las labores investigativas y el compromiso de la Fiscalía Seccional de Casanare en la lucha contra la delincuencia, asegurando que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
