El Juzgado 31 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra el actual alcalde de Envigado (Antioquia), Raúl Eduardo Cardona González, como presunto responsable del delito de concusión.
De acuerdo con la decisión judicial, el mandatario municipal no podrá ingresar a la sede de la alcaldía ni podrá contactarse con empleados ni contratistas de la actual administración.
La investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación evidenció que Cardona González habría despedido a varios funcionarios que se negaron a pagar coimas a un exconcejal, para conservar sus cargos.
Los investigadores establecieron que el exconcejal Lindon Jhonson Galeano Avello, al parecer, presionaba a servidores de diferentes niveles, para que le entregaran entre el 10 y el 20 por ciento de sus sueldos. Una de las víctimas denunció que tuvo que darle 62 millones de pesos para poder conservar su cargo.
El exconcejal Galeano Avello fue cobijado con medida de aseguramiento en su lugar de domicilio para evitar que continuara con los presuntos cobros irregulares.
En la misma decisión fueron afectados con medida de aseguramiento domiciliaria el contralor municipal José Conrado Restrepo Valencia y la secretaria de Hacienda Girlesa del Socorro Mesa Medina, por los punibles de falsedad material en documento privado y cohecho propio. A ambos servidores se les prohíbe cualquier tipo de contacto don empleados, servidores y contratistas de la alcaldía.
El juez de garantías no impuso ninguna medida judicial en contra del exsecretario de educación Diego Fernando Echavarría Giraldo y el representante legal del programa Computadores para Educar, Reinel Fernando Bedoya Rodríguez, procesados por presuntas irregularidades en la donación de 500 tablets y un contrato de más de 300 millones para la instalación de un software a los equipos.
El Fallador también se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en favor de los particulares Camilo Andrés Correa Berruecos y Luz Marcela Quintero Restrepo, investigados por la negociación de un lote de 11 mil metros cuadrados en la vereda Pantanillo de la citada población.
La decisión de primera instancia fue apelada por la Fiscalía y la defensa de los procesados ante los Jueces Penales del Circuito.