CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA (24 MAY 2024) – Un juez de control de garantías ha ordenado la medida de aseguramiento en centro carcelario para un instructor deportivo, presuntamente responsable de agredir sexualmente a una menor de edad en Cartago. La decisión se tomó a petición de la Fiscalía General de la Nación.
Los hechos ocurrieron entre agosto de 2021 y febrero de 2022, cuando la víctima asistía a entrenamientos con el ahora procesado. Según la investigación, el hombre habría aprovechado su posición de instructor para obligar a la menor a quitarse la ropa y someterla a vejámenes sexuales. El instructor fue capturado el pasado 16 de mayo por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). La Fiscalía le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.
Otro caso de judicialización en Bugalagrande
En un caso separado, un hombre de 90 años fue judicializado en Bugalagrande por presuntamente tocar las partes íntimas de su nieta de 10 años. La Fiscalía estableció que el imputado habría aprovechado que la menor dormía para agredirla y la amenazó para que no contara lo sucedido. Este individuo fue capturado el pasado 16 de mayo en el municipio de Bolívar (Valle del Cauca) y se le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años.
El juez también impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para este acusado, destacando la firmeza del sistema judicial en la protección de los derechos de los menores y la lucha contra los delitos sexuales.
Estas decisiones subrayan el compromiso de las autoridades colombianas para garantizar justicia y proteger a los menores de edad, asegurando que los responsables de estos delitos enfrenten las consecuencias de sus acciones.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.