El general en retiro Ricardo Gómez Nieto habría ordenado la contratación de una mujer que tenía vigente una condena judicial.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
BOGOTÁ, COLOMBIA (6 JUL 2024) – El general en retiro Ricardo Gómez Nieto, exdirector del Hospital Militar Central, ha sido imputado por la Fiscalía General de la Nación por el delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. La imputación se realizó ante un juez de control de garantías de Bogotá, debido a que Gómez Nieto habría ordenado la contratación de una mujer que tenía una condena judicial vigente que la inhabilitaba para contratar con el Estado.
Según la investigación, el exdirector, quien ocupó el cargo entre 2010 y 2013, solicitó a la Dirección de Talento Humano del hospital vincular a la mujer mediante un contrato de prestación de servicios, a pesar de conocer su inhabilidad. Para justificar esta acción, Gómez Nieto pidió un concepto a la Procuraduría General de la Nación, una dependencia que no tenía competencia para expedir dicho documento.
La contratación se formalizó mediante el contrato de prestación de servicios 038 del 19 de mayo de 2010, empleando a la persona como asesora del director general del Hospital Militar por un valor de 42 millones de pesos.
La Fiscalía ha destacado la gravedad de este caso, señalando que la acción del exdirector no solo contravino la ley, sino que también comprometió la integridad del proceso de contratación pública, al permitir que una persona inhabilitada accediera a un cargo en el sector público.
Este caso subraya la importancia de mantener la transparencia y la legalidad en los procesos de contratación del Estado, y la Fiscalía reafirma su compromiso de actuar contra quienes violen estas normas.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.