La Gobernación del Valle del Cauca y las alcaldías de San Pablo, Colón y Buesaco (Nariño) y Puerto Caicedo (Putumayo) habrían sido víctimas de ‘Los Condes’.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA (29 JUL 2024) – La Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación ha judicializado a un clan familiar conocido como ‘Los Condes’ por su presunta implicación en la apropiación ilícita de 2.762 millones de pesos, provenientes de anticipos de obras civiles. Las víctimas de esta operación fraudulenta incluyen la Gobernación del Valle del Cauca y las alcaldías de San Pablo, Colón y Buesaco (Nariño), y Puerto Caicedo (Putumayo).
El clan está compuesto por Jhon Jairo Conde Carrera y sus hijos Juan Sebastián y Valentina Conde Bustos. Desde al menos 2020, habrían formado consorcios para acceder a contratos estatales y, mediante maniobras fraudulentas de subcontratación, lograban el avance financiero de los anticipos, que luego no eran invertidos en la ejecución de los contratos, sino que eran apropiados por la organización.
Además de los contratos estatales, ‘Los Condes’ también obtuvieron beneficios ilícitos de inversionistas engañados para invertir en la comercialización de un estabilizante químico utilizado para pavimentación de vías terciarias.
La Fiscalía imputó a los miembros del grupo delictivo los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, estafa agravada, fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Un juez de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para los dos hombres, mientras que Valentina Conde Bustos enfrentará el proceso penal en libertad.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.