La Asociación de Mineros Tradicionales de Marmato (Asomitrama), rechazó en un comunicado la solicitud que la empresa Grand Colombia Gold hizo al Gobierno Nacional de intervenir militarmente los municipios de Segovia y Remedios (Antioquia) y Marmato (Caldas).
“Teniendo en cuenta lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia SU 133 que ratifica los derechos fundamentales de los pequeños mineros en el municipio y en la cual en ninguna de sus páginas los tilda de ilegales, creemos que es una actitud irresponsable y tendiente a pasar por encima de la norma y que podría generar un conflicto de una magnitud incalculable”, se puede leer en el escrito.
Como se recordará, la Gran Colombia Gold le envió un oficio al presidente Iván Duque, a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, a la ministra de minas y energía María Fernanda Suárez Londoño y al ministro de Defensa Guillermo Botero, entre otros muchos, señalando que las compañías bajo su control y propiedad están preocupadas y afectadas por la minería ilegal.
“Esas empresas son titulares de derechos mineros exclusivos sobre depósitos de oro y plata”, agrega el comunicado de la Gran Colombia, “ubicados principalmente en el municipio de Marmato (Departamento de Caldas) y los municipios de Segovia y Remedios (Departamento de Antioquia)”.
“Desde hace años, nuestros proyectos mineros han estado plagados de mineros ilegales que ocupan el territorio y trabajan en grupos organizados para explotar las minas de GCG sin autorización y sin título legal sobre las mismas. Esto representa un riesgo significativo para ellos mismos, nuestros empleados, los habitantes y el medio ambiente en las áreas circundantes, y además pone en peligro la integridad física y la infraestructura de las minas de GCG. Esta situación es igualmente perjudicial para el tesoro colombiano, ya que algunos de los minerales producidos ilegalmente probablemente no pagan regalías u otros impuestos».
«Recurro a ustedes porque seguimos sumamente preocupados y afectados por la situación que la minería ilegal ha generado en nuestras áreas mineras. Solicitamos nuevamente que el Gobierno Colombiano tome medidas inmediatas antes de que las circunstancias se intensifiquen aún más”, argumenta la Gran Colombia Gold.
Y remata el comunicado, firmado por el CEO Lombardo Paredes Arenas, solicitando al Gobierno Nacional “la defensa de los derechos otorgados a GCG, mediante el despliegue militar y policial, así como de cualquier otra fuerza, necesarios para combatir la minería ilícita, proteger a nuestros empleados, los habitantes de la zona y el medio ambiente, así como para proteger los derechos de GCG y del propio Estado Colombiano. Estamos dispuestos a coordinar cualquier esfuerzo y buscar la mejor estrategia para enfrentar el problema, antes de que sea imposible el ejercicio de nuestros legítimos derechos mineros en dichas áreas”.
Por la razón anterior, Asomitrama solicitó al Gobierno Nacional “que respete las órdenes de la honorable Corte Constitucional” y a la Gran Colombia Gold “que respete el pueblo colombiano y a sus habitantes”.
La Asociación aclaró que siempre ha tenido una actitud de diálogo y de respeto por la ley, “pero por ninguna razón vamos a permitir que se nos ultraje y robe lo que por generaciones nos ha pertenecido”.