Bogotá, 5 ago – La llegada de Gustavo Petro al poder devolvió a la Colombia olvidada la esperanza de paz que no acabó de fraguarse con el acuerdo de 2016, pero a mitad de su mandato la búsqueda de la «paz total» con todos los grupos armados atraviesa su peor momento y el conflicto se intensifica en muchas regiones.
Petro volvió a impulsar la paz después de cuatro años del Gobierno de Iván Duque, que lo implementó a medias causando la fragmentación del conflicto y que grupos armados se quedaran con territorios que dejaron las FARC y que debería haber ocupado el Estado.
Según Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte (Barranquilla), las políticas de Petro han logrado una «disminución de la violencia homicida» al negociar treguas con bandas criminales en tres ciudades clave: Buenaventura, Quibdó y Medellín.
Pero Petro llega a la mitad de su mandato sin haber podido convencer a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de renovar el cese al fuego bilateral más largo del país, que terminó el 3 de agosto, y con unas negociaciones con el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC que parecieran simbólicas tras la salida del diálogo de más de la mitad de ese grupo.
«El cese al fuego debería promover alivios humanitarios o la disminución de afectaciones humanitarias, pero en muchos territorios ocurrió lo contrario» porque los grupos armados se han dedicado a «concentrar todas sus capacidades criminales en combatir a otros grupos armados» y a atacar a las comunidades, explica Trejos a EFE.
En los dos años de gobierno de Petro, según el conteo de la fundación Indepaz, van 352 líderes asesinados y 168 masacres con 559 muertos. En la primera mitad de Duque, fueron asesinados 469 líderes sociales y hubo 110 masacres con 447 muertos.
«La paz total no tiene un documento técnico que oriente la política, entonces no sabemos cuáles son los objetivos que persigue ni hay indicadores que nos sirvan para medir el éxito o fracaso», añade Trejos, y eso «genera una percepción de improvisación».
Negociación díscola
La negociación más avanzada es la del ELN, pero desde enero no hay diálogo, y aunque las partes llegaron al primer acuerdo de la agenda, sobre participación de la sociedad, las negociaciones están congeladas por la guerilla.
«Nunca un Gobierno había avanzado tan lejos con esta guerrilla, nunca había habido un cese al fuego que durara un año, ni con el ELN ni con ningún otro grupo armado», recalca a EFE el senador Iván Cepeda, miembro de la delegación negociadora del Gobierno.
El ELN recrimina al Gobierno por insistir en un diálogo regional con los Comuneros del Sur, grupo del departamento de Nariño (en la frontera con Ecuador), que supuestamente perteneció a esa guerrilla.
las partes saben que los éxitos de Petro en términos de paz dependen en gran parte del ELN y por eso el Gobierno parece que ha querido «agarrar el mango más bajito del árbol», dice Trejos, indicando que es probable que no se consiga nada concreto antes de que el presidente acabe su mandato, por lo que prefiere buscar acuerdos más pequeños y locales.
Sin cese al fuego, Trejos ve difícil reencauzar la situación pues «la dinámica de la negociación ha sido que el ELN controle los tiempos, la agenda y los temas que se manejan en cada ciclo y el Gobierno ha tratado tardíamente de retomar la iniciativa».
La disidencia de la disidencia
Con las disidencias de las FARC tampoco va bien. El diálogo con el EMC, conformado por unos 4.500 hombres, se rompió en dos hace unos meses y el Gobierno actualmente solo negocia con el 40 % de esta disidencia.
Con la otra parte, comandada por alias ‘Iván Mordisco’, que insiste en atacar a la fuerza pública y la población civil en el Cauca (suroeste), el Gobierno ha optado por la fuerza.
La última negociación instalada es con la Segunda Marquetalia, grupo minoritario dirigido por ‘Iván Márquez’, que fue jefe negociador de las FARC, y que está aliado con los Comandos de la Frontera que controlan gran parte de los límites con Ecuador.
A esto se le suman pasos casi nulos con el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), el mayor grupo criminal del país.
Con ese panorama el país mira a 2026 con tres negociaciones abiertas y unas elecciones que van a ser «un plebiscito por la paz».
«Eso puede producir unos efectos políticos en el 2026, porque en la medida en que la paz total naufraga o le va mal, será capitalizada electoralmente por sectores de derecha que hacen ofertas de seguridad», vaticina Trejos.
Irene Escudero
EFE
