Este viernes 11 de enero, hacia las 9 de la noche, Alfamir Castillo Bermúdez, una de las madres de los jóvenes asesinados por ‘falsos positivos‘, sufrió un atentado cuando viajaba en una camioneta en zona rural de Pradera, Valle del Cauca.
Dos hombres en moto le dispararon tres veces pero afortunadamente ella y el escolta que le tiene asignado la Unidad Nacional de Protección (UNP) salieron ilesos.
El hijo de Alfamir, Darbey Mosquera, fue asesinado en febrero de 2008 por miembros del Batallón de contraguerrillas No 57 “Mártires de Puerres”, perteneciente a la XIII Brigada del Ejército Nacional, quienes lo llevaron hasta zona rural de Manizales con engaños y lo hicieron pasar como miembro de una banda criminal.
Por ese caso fueron condenados siete militares y, además, ella fue reconocida como víctima dentro del proceso que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lleva contra del general (r) Mario Montoya Uribe, comandante del Ejército entre 2006 y 2008. De hecho, participó en la audiencia que la Sala de definición de situaciones jurídicas de la entidad adelantó contra el militar.
Esta semana ya había recibido dos amenazas a través de mensajes de texto en su celular. En uno de ellos le decían «ni por mil esquemas de seguridad te vas a salvar de nosotros. Tu insolencia contra mi comandante (sic) la vas a pagar con sangre».
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas tuvo conocimiento de las amenazas e incluso el Relator de la ONU sobre defensores y defensoras de derechos humanos, Michael Forst, quien hace poco estuvo de visita en el país, resaltó la gravedad del hecho.
Por eso, la entidad rechazó «enfáticamente» el atentado cuando se supo de lo ocurrido, e instó a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Unidad Nacional de Protección y a la Policía a adoptar «de manera urgente» todas las medidas de protección para garantizar la vida y la integridad de Alfamir y de todas las víctimas que hacen parte de los casos que lleva la JEP.
También le pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar de forma urgente los móviles de este ataque a Alfamir Castillo para identificar y sancionar a todos sus responsables.
Alberto Brunori, Representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos dijo, además, que «la protección de la vida y la integridad de las víctimas de crímenes de lesa humanidad es un imperativo de derecho internacional que exige la pronta actuación y la debida diligencia de las instituciones concernidas».
La JEP, por su parte, ya hizo un llamado al gobierno para reforzar la seguridad de Alfamir.