SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA (COLOMBIA) (10 AGO 2024) – La Fiscalía General de la Nación imputó a Luis Alfonso Ramos Sáenz el delito de corrupción de alimentos, tras ser capturado en flagrancia con más de siete toneladas de carne porcina y bovina en mal estado en un matadero clandestino. Los hechos ocurrieron el pasado 3 de agosto en una zona rural de Santa Rosa de Osos, Antioquia.
La investigación, liderada por un fiscal de la Seccional Antioquia, reveló que desde este matadero improvisado se distribuían productos cárnicos en condiciones insalubres hacia Medellín y otras zonas del norte del departamento. Durante el operativo, las autoridades también encontraron 24 cerdos en mal estado de salud, junto con equipo utilizado para el procesamiento de la carne, incluyendo tres básculas, una moto bomba, una sierra industrial y un cuaderno de contabilidad.
El desmantelamiento del matadero contó con la participación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía y el Ejército Nacional, así como con la colaboración de funcionarios del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y de la Corporación para el Desarrollo de Antioquia (Corantioquia).
Luis Alfonso Ramos Sáenz, quien no se allanó al cargo imputado, fue sometido a medidas cautelares por parte del juez de control de garantías, quien le prohibió salir del municipio sin autorización y le impuso la restricción de trabajar en el área de productos alimenticios.
Este caso subraya la importancia de las operaciones conjuntas para garantizar la seguridad alimentaria y prevenir la distribución de productos que puedan poner en riesgo la salud pública.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.