SAN ANDRÉS, COLOMBIA (12 AGO 2024) – La Fiscalía General de la Nación, a través de su Seccional en San Andrés Isla, judicializó a cinco hombres por su presunta participación en el delito de tráfico de migrantes agravado. Los procesados, cuatro de nacionalidad nicaragüense y un colombiano, habrían facilitado de manera irregular la salida del país de 21 personas con destino a Nicaragua.
Los capturados fueron identificados como Pedro Daniel Moses Garth, Deyvi Diel Niking Pinner, Porfirio Alejandro Pérez, Eulice Valle Pérez, todos nicaragüenses, y Dangel de Jesús Pérez Dávila, de nacionalidad colombiana. Los hechos que llevaron a su captura se registraron el 28 de julio y el 5 de agosto pasados, en aguas jurisdiccionales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
De acuerdo con la investigación, los implicados fueron detenidos en flagrancia por guardacostas de la Armada Nacional, cuando presuntamente transportaban a 21 migrantes en dos embarcaciones con rumbo a Nicaragua. Entre los migrantes se encontraban personas de origen vietnamita, venezolano, colombiano y seis menores de edad. Se presume que estas personas buscaban ingresar a Estados Unidos a través de Centroamérica.
Durante las audiencias preliminares, los acusados no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía. No obstante, los jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario para los cuatro ciudadanos nicaragüenses, mientras que el colombiano Dangel de Jesús Pérez Dávila continuará enfrentando el proceso en libertad.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.