SUCRE, COLOMBIA (22 AGO 2024) — La Fiscalía General de la Nación logró la condena de Mario Miguel Mangonez Galindo, alias «El Tombo», un presunto integrante del Ejército Gaitanista de Colombia, EGC, que durante varios años extorsionó a ganaderos y comerciantes en la región del Golfo de Morrosquillo, Tolú, Coveñas y Puerto Viejo (Sucre). Un juez de conocimiento avaló un preacuerdo en el que el procesado aceptó su responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado, y lo sentenció a 4 años y 3 meses de prisión.
La investigación, liderada por un fiscal de la Seccional Sucre, supuestamente logró demostrar que entre 2017 y 2021, Mangonez Galindo, en calidad de miembro del EGC, se dedicó a visitar fincas ganaderas en la región. Bajo amenazas, exigía a los propietarios pagos que oscilaban entre 100.000 y 1 millón de pesos por hectárea, a cambio de brindarles «seguridad». En caso de no cumplir con las exigencias, los ganaderos tenían un plazo de 24 horas para abandonar sus predios.
Además de los ganaderos, comerciantes y tenderos de la región también fueron víctimas de las extorsiones. Los comerciantes eran obligados a pagar sumas de 300.000 pesos mensuales para garantizar su seguridad y la de sus negocios. Las cantidades exigidas variaban dependiendo del tipo de comercio, y quienes se negaban a pagar enfrentaban amenazas directas contra sus vidas y la integridad de sus establecimientos.
La Fiscalía recabó los elementos materiales probatorios necesarios para sustentar el caso, lo que llevó a Mangonez Galindo a aceptar los cargos en su contra y suscribir el preacuerdo. Con esta condena, se reafirma el compromiso de las autoridades para desarticular las redes criminales que afectan la seguridad y el bienestar de las comunidades en el departamento de Sucre.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.