Funza: Aseguran en cárcel a presunto homicida de guarda de seguridad en un acto de intolerancia.

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Foto de la Fiscalía General de la Nación, FGN

El crimen ocurrió el pasado 27 de abril en medio de un episodio de intolerancia.

Fiscalía General de la Nación,
FGN

CUNDINAMARCA, COLOMBIA (26 AGO 2024) — Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Alejandro S. B., imputado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable del homicidio de un guarda de seguridad en Funza, Cundinamarca. El trágico suceso tuvo lugar el pasado 27 de abril, en las afueras de un establecimiento comercial del municipio.

De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal adscrita a la Seccional Cundinamarca, el incidente inició cuando Alejandro llegó al lugar lanzando insultos contra los clientes y empleados del comercio. Ante este comportamiento agresivo, la víctima, quien prestaba servicios de seguridad en el establecimiento, le pidió al hombre que abandonara el sitio. Este acto provocó la ira del ahora procesado, quien esperó a que el guarda de seguridad terminara su turno para atacarlo por la espalda con un arma cortopunzante.

El ataque resultó fatal para el vigilante, quien murió a causa de las heridas. Tras una investigación exhaustiva, la Policía Nacional capturó a Alejandro el pasado 20 de agosto en Medellín, Antioquia, en cumplimiento de una orden judicial.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía imputó al detenido el delito de homicidio, cargo que no fue aceptado por Alejandro. No obstante, el juez consideró las pruebas suficientes para ordenar su reclusión en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

A.U.


La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.