ANTIOQUIA, COLOMBIA (26 AGO 2024) — Un juez de conocimiento condenó a 7 años y 10 meses de prisión al exalcalde de Ebéjico, Jaime Wither Sánchez Posada, y a los exsecretarios de Planeación y Hacienda, Juan Marcelo Gaviria Zapata y Víctor Alonso Álvarez Vergara, por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con la corrupción en la contratación pública. Los tres exfuncionarios fueron declarados culpables de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, y falsedad material en documento público.
El proceso judicial, adelantado por una fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Medellín, evidenció que en enero de 2010, durante la administración de Sánchez Posada, se cometieron irregularidades en la firma de varios contratos por un valor total de 34 millones de pesos. Estos contratos tenían como objetivo la remodelación de la Casa de la Cultura del corregimiento Sevilla, en el municipio de Ebéjico, ubicado en el occidente de Antioquia.
Las investigaciones demostraron que, al parecer, en la etapa precontractual se falsificaron las firmas de uno de los supuestos oferentes y se omitieron los análisis técnicos necesarios para sustentar los valores estimados en los contratos de estudios y diseños. Además, se probaría que, supuestamente, nunca se llevó a cabo el proceso de licitación, que la convocatoria fue simulada y que, a pesar de haberse pagado la totalidad del dinero pactado, el objeto del contrato no se cumplió.
Durante la audiencia en la que se dictó el fallo condenatorio, el juez de conocimiento ordenó la captura inmediata de los tres procesados. La defensa ha apelado la decisión ante la sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.