Son señalados de intervenir en reuniones y acuerdos con integrantes del frente Héroes de San Fernando del Bloque Centauros y con las Autodefensas Campesinas del Casanare, para proveerlos de dinero, combustible, transporte y alimentos, a cambio de seguridad para los pozos petroleros.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
BOGOTÁ, COLOMBIA, (9 SEP 2024) – Un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó en segunda instancia la resolución de acusación en contra de Antenor Sarmiento Delgado, exgerente de distrito de la petrolera Perenco, y Ramiro Pinzón Suárez, exsupervisor de tierras de la misma empresa, como presuntos responsables del delito de concierto para delinquir agravado.
De acuerdo con la investigación, los exfuncionarios habrían tenido nexos con integrantes del frente Héroes de San Fernando del Bloque Centauros y las Autodefensas Campesinas del Casanare entre 1996 y 2005, periodos en los que se habrían pactado acuerdos para proveer dinero, combustible, alimentos y transporte a estas organizaciones armadas ilegales, a cambio de servicios de seguridad para los pozos petroleros operados por Perenco.
El proceso, liderado por un fiscal del Grupo de Compulsas de la Dirección de Justicia Transicional, señala que estas actividades se realizaron como parte de un acuerdo para asegurar que las operaciones de extracción de crudo contaran con protección por parte de los paramilitares.
Dada la gravedad de los hechos, el delito fue declarado de lesa humanidad y el proceso judicial avanza bajo la Ley 600 de 2000, que rige el anterior Sistema Procesal Penal en Colombia.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.