El condenado también hurtó las pertenencias de la víctima.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
HUILA, COLOMBIA (25 SEP 2024) — Un hombre de 31 años fue condenado a 9 años y 5 meses de prisión por abusar sexualmente de una mujer y robarle sus pertenencias en un centro comercial del barrio Ipanema de Neiva. Los hechos ocurrieron en julio de 2022, cuando el agresor engañó a la víctima con una falsa oferta de trabajo, según demostró la Fiscalía General de la Nación.
El condenado había citado a la mujer a través de mensajería instantánea, indicándole que debía acudir a una zona restringida del complejo comercial. Una vez allí, la intimidó con un arma traumática y la llevó a un área fuera del alcance de las cámaras de seguridad, donde cometió el abuso sexual. Después del ataque, robó los objetos de valor de la víctima y huyó del lugar, refugiándose en una zona boscosa cercana. Durante su fuga, disparó el arma contra las personas que intentaban detenerlo.
El fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) imputó al agresor los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado agravado. En las audiencias preparatorias, el hombre aceptó su responsabilidad, lo que llevó a que un juez penal del circuito de Neiva emitiera la sentencia. El condenado no tiene derecho a ninguna rebaja de pena, debido a la gravedad de los hechos y el uso de violencia para intimidar a la víctima.
La Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales reafirmaron su compromiso de proteger a las víctimas de violencia sexual y de garantizar que los responsables de estos crímenes reciban la condena correspondiente.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.