Bogotá, 26 sep – La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se creó tras el acuerdo de paz con la entonces guerrilla de las FARC, pidió este jueves al Gobierno que respete la separación de poderes y la autonomía de esta justicia especial, después de que el consejero comisionado para la paz, Otty Patiño, asegurara que se debería trabajar en el cierre de esta justicia, que nació con un periodo de vigencia máximo de 20 años.
En una entrevista con El Espectador, este martes Patiño aseguró que entre los frentes de trabajo del Gobierno está «el cierre del proceso de Justicia y Paz (la justicia especial para las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia), (y) el mismo cierre de la JEP».
Esto porque, según el comisionado, «son justicias transicionales, pero que también deberían ser transitorias» porque «a veces la tendencia es a que se vuelvan eternas y eso, en últimas, debilita a la justicia ordinaria y no genera satisfacción por parte de quienes acudieron a esa justicia transicional».
El presidente de la JEP, Roberto Vidal, aseguró hoy que las declaraciones de un posible cierre de la jurisdicción les han causado «preocupación», pues su función es garantizar que quienes se han sometido a esta justicia -sobre todo exintegrantes de las FARC y miembros de la fuerza pública, juzgados por crímenes de lesa humanidad- «puedan terminar sus procesos judiciales y saldar sus deudas con la Justicia».
Para Vidal «cualquier cierre prematuro de la JEP le causaría un enorme perjuicio al país, pero sobre todo a aquellos comparecientes que pertenecieron a las extintas FARC y a los miembros de la Fuerza Pública, pues se podría ver comprometida la regularización de su situación judicial».
Demora en los procesos
Esta petición se produce después del malestar mostrado por los miembros del último secretariado de las FARC por la prolongación en el tiempo de los procesos de la JEP, ya que ellos fueron declarados culpables hace casi dos años, pero aún no se han formulado las sentencias propias.
Además, el caso 01 por el que fueron acusados, que trata los secuestros y otros graves crímenes de lesa humanidad cometidos por las FARC, se ha extendido y ahora los magistrados juzgan a mandos intermedios de columnas y frentes de la extinta guerrilla.
Patiño se hizo eco de esto alegando que «eso ha generado una inseguridad jurídica que molesta mucho a los firmantes de paz», y por ello «se está pensando cómo se acota, cómo se cierra, cómo se impide que la justicia, esa justicia especial, se prolonga en el tiempo y puedan debilitar a la justicia ordinaria».
La JEP nació con el acuerdo de paz de 2016 con la intención de juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos por la guerrilla, la Fuerza Pública y terceros civiles con un periodo de acción de 20 años como máximo.
Cerca de llegar al meridiano de este tiempo, esta Jurisdicción tiene abiertos 11 casos que involucran a casi 10.000 exmiembros de las FARC, a más de 4.000 de la Fuerza Pública y 184 terceros civiles, en crímenes como ejecuciones extrajudiciales, secuestros, asesinatos de líderes y políticos de izquierdas (como el genocidio de la Unión Patriótica) o crímenes de género.
Sin embargo, solo ha emitido condenas en los dos primeros casos -el de toma de rehenes por parte de las FARC y las ejecuciones extrajudiciales (conocidos en Colombia como ‘falsos positivos’) del Ejército- y en ninguno de los casos hay todavia sentencia con las penas para los culpables.
EFE