En Medellín hay un registro histórico de 11.149 personas desaparecidas, con corte al 26 de septiembre de 2024, según el Sirdec de Medicina Legal. De esas, 5.329 aparecieron con vida, 794 aparecieron muertas, mientras que 5.026 continúan desaparecidas. Este año se han reportado 191 casos en la capital antioqueña, el 77 % de las cuales aparecieron con vida. El Distrito cuenta con una ruta de búsqueda urgente.
En el año 2024 se han registrado 191 casos de desaparición de personas en Medellín, de estas, 147 aparecieron con vida, 4 fueron halladas muertas y 40 continúan desaparecidas. La cifra disminuyó respecto a los cuatro años anteriores, en los que el promedio fue de 285 personas desaparecidas por año.
Entre 2020 y 2023, en la capital antioqueña fueron reportadas 1.138 personas como desaparecidas, de las cuales 1.006 aparecieron con vida, 54 aparecieron muertas y de 78 no se tienen noticias. 634 son mujeres (598 fueron halladas vivas, 11 muertas y 25 siguen desaparecidas) y 504 hombres (408 fueron hallados vivos, 43 muertos y 53 siguen en ruta de búsqueda).
Es decir, que entre enero de 2020 y septiembre de 2024 fueron reportadas 118 personas como desaparecidas en Medellín, de las cuales no se tienen noticias.
Según el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres, Sirdec, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Medellín hay un registro histórico de 11.149 personas desaparecidas (8.247 hombres, 2902 mujeres), con corte al 26 de septiembre de 2024.
De acuerdo con el estado de desaparición, 5.329 personas aparecieron con vida (3.337 hombres y 1992 mujeres), 794 aparecieron muertas (701 hombres y 93 mujeres), mientras que 5.026 continúan desaparecidas (4.209 hombres y 817 mujeres).
Por tipo de desaparición, 3.463 personas fueron desaparecidas forzadamente (2.939 hombres y 524 mujeres); 12 habría sido por secuestrarlas (11 hombres y 1 mujer); una mujer por trata de personas; 3 hombres en desastres naturales; 6 por reclutamiento (5 hombres y 1 mujer); y 7.664 personas (5.289 hombres y 2.375 mujeres) desaparecieron por razones que aún no se determinan.
En cuanto al tipo de desaparición que se acaba de mencionar, es importante recordar que hay desapariciones voluntarias, involuntarias y forzadas. La voluntaria es aquella que tiene lugar cuando la persona desaparece porque esa fue su intención, porque no quiere ser encontrada por sus familiares, amigos, allegados, pareja sentimental, compañeros de trabajo o acreedores. Es una decisión discrecional y facultativa que suelen tomar menores, jóvenes y mayores de edad.
La involuntaria ocurre cuando la persona desaparece por causas externas. No es su deseo, pero algo o alguien lo obliga. Puede suceder sin una causa aparente, porque la persona tiene dificultades cognitivas, alguna clase de trastorno o discapacidad, en un accidente o en una catástrofe natural o provocada.
Y está la desaparición forzada, que es cuando la persona es objeto de la actividad criminal de grupos armados organizados o de delincuencia organizada o delincuencia común o de otra persona con la que tuvo diferencias insalvables o que no es de sus afectos.
En cualquiera de estos casos, el familiar o allegado de la víctima de desaparición puede acudir a Medicina Legal, a la Personería Municipal, a la Defensoría Regional del Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación (CTI), al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Procuraduría o a la Policía Nacional (Sijín) y reportar el caso sin esperar 72 horas ni 24 horas siquiera. Allí debe entregar detalles físicos y mentales de la persona, nombre completo, cuándo, cómo y dónde ocurrió la desaparición y suministrar fotografías.
Las autoridades iniciarán la búsqueda en bases de datos de centros médicos como el Hospital General o Policlínica, la morgue, centros de detención transitoria, ICBF y en los lugares donde fue vista por última vez.
Asimismo, puede activar la ruta de búsqueda urgente de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, que enlaza a las entidades competentes para el registro, verificación, investigación y rastreo de la persona desaparecida. Profesionales de la Secretaría realizan el acompañamiento jurídico y psicosocial al entorno familiar del desaparecido y al reportado cuando es hallado.
La ruta se activa a través de la línea 123 social o en el número de whatsapp 324 290 9801. “Es trascendental llamar a estos números, en los que recibirán una llamada de vuelta y se inicia un acompañamiento a los familiares, amigos o allegados para que se comience de inmediato con la búsqueda. Se les pedirá una autorización para publicar la información por redes sociales y otros canales de difusión. No hay que esperar 72 horas para poner la denuncia. Mientras más rápido se haga, más rápido podemos encontrar a tu amigo o familiar sano y salvo”, señaló Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos del Distrito.
Si una autoridad judicial no atiende su solicitud o no avanza en su petición, según la Ley 734 del 2002, puede presentar una queja ante la Procuraduría o ante el Consejo Superior de la Judicatura. Asimismo, si requiere que se rectifique o modifique una información sobre su familiar desaparecido, o que desaparezca esa información, puede exigirlo, porque la Ley 1581 del 2012 lo ampara.
Mediante la Ley 1712 del 2014 se puede solicitar el acceso a información pública o de particulares que sirva para la búsqueda. Está el Derecho de Petición, consagrado en la Ley 1755 del 2015. Y puedes hacer tus derechos mediante la Acción de tutela, consignada en el artículo 86 de la Constitución Política.
De las 40 personas que continúan en la ruta de búsqueda, reportadas este año como desaparecidas, de las que residen en Medellín, unas fueron vistas por última vez en otros municipios, mientras que otras, cuyo arraigo está en otras ciudades, llegaron a la capital antioqueña y luego no se supo de ellas.
En este sentido, la Agencia de Prensa Análisis Urbano y la Corporación Para la Paz y el Desarrollo Social, CORPADES, invitan a toda la ciudadanía a adoptar un desaparecido. El llamado es a dejar la indiferencia, la apatía y regalarle un minuto al desaparecido.
Para ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas, la propuesta es, con el celular o desde un computador, replicar, repostear, difundir, reenviar, dar like a la información que contiene los datos de aquellas personas de las que se desconoce su paradero, compartir una imagen, una foto, para que en todas las redes sociales se enteren que alguien ha desaparecido y que sus familiares lo buscan afanosamente, con urgencia.
Multiplicar la información es primordial para encontrar a esa persona, inclusive para salvarle la vida. La ayuda de todos es tan importante que se facilita, asimismo, cerrar un caso, cuando la persona aparece, y así las autoridades y la comunidad podrán dirigir sus esfuerzos a encontrar a aquellas que continúan desaparecidas. Porque todos tienen derecho a saber qué pasó con sus seres queridos.
La escombrera, un escabroso caso de desaparición forzada
La desaparición forzada ocurre en diferentes contextos, como en el del conflicto armado. También en el accionar de grupos delincuenciales organizados y hasta en escenarios de violencia intrafamiliar y convivencia, tanto en lo rural como en lo urbano.
La escombrera recoge un poco de todo eso. Han pasado cerca de 22 años desde que se realizó la Operación Orión en la comuna 13 de Medellín (octubre de 2002). 105 personas desaparecieron en aquel entonces. Luego hubo otras 20 operaciones militares, como las Otoño, Potestad, Saturno y Mariscal en las que la gente seguía desapareciendo o muriendo. O ambas.
Los paramilitares del bloque Cacique Nutibara llevaban a la escombrera y a la arenera a sus “enemigos” y los obligaban a cavar su propia tumba. A cargo de los “paras” estaba Diego Murillo Bejarano, alias Berna, quien se peleaba con las milicias de la guerrilla la hegemonía en las comunas de Medellín, entre ellas, la 13.
De esto se supo gracias a las versiones entregadas por integrantes de combos y bandas y por desmovilizados, como Carlos Villa, alias móvil 8. Esa información sirvió también para que fueran delimitadas 3 zonas o polígonos, en los que los “paras” enterraban los cadáveres. En el polígono 2 fueron avistados unos restos que luego extravió la Fiscalía. El tres es el triple del polígono uno. Son unos 100.000 metros cúbicos, una montaña, que hay que pasar a otro lado, con muchos riesgos, que hay que correr para conocer la verdad. Si ellos dicen que allí los enterraron, pues allí tienen que estar.
Las víctimas de estos hechos han movido cielo y tierra para que el Estado, indolente, les ayude a buscar en esos predios a sus familiares extraviados. Ellas, de manera empírica, sin herramientas, sin recursos, no lo podían seguir haciendo. La Fiscalía, el Ministerio del Interior y el Distrito de Medellín han hecho algunas cosas. Muy pocas.
En 2015, por ejemplo, se realizó la primera intervención en la escombrera, propiedad de la empresa El Cóndor. Se removieron 35 mil metros cúbicos de tierra en 5.000 metros cuadrados que van desde el corregimiento la Loma, de San Cristóbal, hasta la comuna 13, San Javier, y que se denominó polígono uno. Al parecer, una retro movió unas cuantas piedras, por encima nomás. Nada fue hallado, ni un cabello, según la Fiscalía. O sí, unos restos óseos, pero la Fiscalía los perdió. Desapareció lo poco que con certeza se tenía de los desaparecidos.
Los verdaderos dolientes consiguieron una medida cautelar ante la JEP, consistente en cerrar esos terrenos, para evitar que se siguieran arrojando escombros en el lugar, en el que se presume hay unas 430 personas reportadas como desaparecidas.
Cabe recordar que, según la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, entre 1978 y 2016, unas 459 personas fueron víctimas de desaparición forzada en San Javier. Para la UBPD, la cifra es mayor. De las 26.637 personas desaparecidas en Antioquia, 4.738 corresponden a Medellín y de ese número, 520 son de la comuna 13, de las cuales 64 fueron encontradas muertas y 11 con vida. De esas 520, unas 430 estarían en la escombrera y en la arenera.
Reinicio de labores
Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez, magistrado de la sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas de la JEP, anunció que desde el viernes 26 de julio de 2024 se reiniciarían las excavaciones en la escombrera. Las labores se desarrollarán hasta el mes de abril de 2025, en su primera fase.
En esta segunda administración de Federico Gutiérrez, con Carlos Arcila al frente de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, hay más compromiso con las víctimas y es, por fin, una prioridad que se suma al anhelo de todos de conocer la verdad y sanar las heridas que ha dejado el conflicto urbano en Medellín.
“Espero que con el inicio formal de la excavación y el acto de conmemoración tengan un respiro después de tantos años”, dijo Salazar Arbeláez en audiencia pública Y añadió que la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y la UBPD deberán continuar con el plan descrito y el cronograma que contiene todas las actividades que se van a realizar.
La maquinaria amarilla trabajará en todo el perímetro y no por partes, como se hizo anteriormente. “Ya se hicieron las cunetas, que son las que recogen las aguas en el terreno que se va a intervenir; el sistema de monitoreo, que permite establecer si hay riesgo de deslizamiento o derrumbe en el lugar donde van a hacer la excavación y se levantó un campamento, para que las víctimas puedan reposar allí. La inversión es de más de $3.000 millones”, señaló Carlos Alberto Arcila Valencia, secretario de Paz y Derechos Humanos del Distrito.
Arcila recordó que en días previos se efectuó una búsqueda exhaustiva en las bóvedas del Cementerio Universal, en el que se realizaron 183 exhumaciones. En ese campo santo se destinaron 170 osarios individuales para depositar los restos mortales de las personas que no han sido identificadas, para facilitar la posterior tarea de cotejo y plena identidad. De esa cifra, cuatro fueron identificados, de los cuales tres fueron devueltos a sus familiares.
Esta labor fue reconocida por la Misión de Verificación de la ONU. Para Richard Clarke, jefe adjunto de la Oficina Regional de la Misión ONU, es de destacar la alianza entre el Distrito de Medellín, la Gobernación de Antioquia y la JEP, cuyo objetivo fue acatar las medidas cautelares e iniciar la búsqueda en la escombrera, consecuentes con las acciones del Distrito encaminadas a impulsar una justicia restaurativa, consistente en involucrar a víctimas, victimarios y comunidad, para obtener verdad, justicia, reparación y reconciliación.
“Es trascendental que se resalte la importancia de este acuerdo de voluntad. Gracias a todos por este reconocimiento tan importante. La paz se construye entre todos”, destacó Arcila Valencia.
Desaparecidos en Antioquia y Colombia
Con corte al 26 de septiembre de 2024, en Colombia hay un registro de 133.447 personas desaparecidas, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El lugar del país donde más reportes existe es Bogotá, con 32.590 casos; seguida de Antioquia, con 27.130 desaparecidos; Valle del Cauca, con 12.626; y Meta con 10.430.
Sin embargo, la cifra de personas desaparecidas en Colombia no se conoce con certeza. Y esto se debe a que, hasta hace relativamente poco, el Estado se preocupó por este tema. Fue en la década del noventa que se le empezó a prestar atención en el país a este crimen de lesa humanidad.
En la Constitución de 1991, artículo 12, quedó consignado -como un derecho- que nadie sería sometido a desaparición forzada. A nivel internacional, la ONU expidió en 1992 una Declaración para la protección contra la desaparición forzada, instrumento que fue ratificado por Colombia.
Mediante la Resolución 47/133, del 18 de diciembre de 1992, la ONU aprobó la “Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, y estableció el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En el texto se advierte, artículo 2, que “Ningún Estado cometerá, autorizará ni tolerará las desapariciones forzadas”. Y en el artículo 19 se indica que: “Las víctimas de actos de desaparición forzada y sus familiares deberán obtener reparación y tendrán derecho a ser indemnizadas de una manera adecuada y a disponer de los medios que les aseguren una readaptación tan completa como sea posible. En caso de fallecimiento de la víctima a consecuencia de su desaparición forzada, su familia tendrá igualmente derecho a indemnización”.
Quedaba claro que, para el Estado colombiano, la falta de diligencia para prevenir o tratar la desaparición forzada le acarrearía implicaciones internacionales. Es decir, este es un delito de Estado, en el que Colombia es responsable por tolerarlo, actuar con impunidad o facilitar su consumación.
Surgió para el país, entonces, el deber de adoptar medidas para prevenir y erradicar este delito. Fue así como, ocho (8) años después, en el artículo 165 de la Ley 599 de 2000, el legislador concretó como un delito la desaparición forzada. Antes de eso, las autoridades investigaban las desapariciones como si fueran secuestros.
Como no había datos estadísticos sobre la desaparición forzada en el país, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), creado con la Ley 1448 de 2011 (Artículo 146), inició la recopilación de casos en Colombia para conocer la verdad de ese fenómeno criminal, tratar de esclarecer las causas y contribuir a evitar en el futuro la repetición de los hechos.
Para entonces, año 2011, las cifras sobre desaparición forzada en el país estaban dispersas en diversas entidades y organizaciones sociales.
Tras cinco años de trabajo investigativo, en el informe del año 2016 “Hasta encontrarlos: El drama de la desaparición forzada en Colombia”, se reveló que durante 45 años -periodo comprendido entre 1970 y 2015- en el país desaparecieron forzadamente 60.630, según registros conocidos por el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del CNMH.
Dos años después, el CNMH reportó que entre 2015 y agosto de 2018 se habían registrado otras 20.112 desapariciones forzadas en Colombia, para un total de 80.742 víctimas en 48 años, un promedio de 1.683 desapariciones por año.
Por otro lado está la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD-, encargada de las desapariciones en razón del conflicto armado ocurridas antes del primero de diciembre de 2016.
Esa Unidad, que hace parte del Sistema Integral para la Paz, compuesto también por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, fue creada mediante el “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, firmado por el Estado colombiano y las Farc el 24 de noviembre de 2016. Tiene un mandato de 20 años prorrogables para buscar a las personas dadas por desaparecidas, como se dijo, en razón del conflicto armado, y saber qué pasó con ellas y dónde están.
Según la UBPD, el registro de personas dadas por desaparecidas en el país es de 111.640, hasta el 1 de diciembre de 2016. Sin embargo, y según el CICR, después de la firma del Acuerdo de Paz, hasta el 31 de julio de 2024 se han registrado 1.730 casos nuevos de desapariciones en el país. En la actualidad, septiembre de 2024, hay 32.988 solicitudes de búsqueda en la UBPD.
A.U.
