Bogotá, 9 oct – La renuncia a la presunción de inocencia de los antiguos miembros del secretariado de las FARC busca agilizar los procesos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) porque, en su opinión, ese tribunal colombiano «ha perdido su espíritu inicial» y aún no ha emitido condenas en siete años de funcionamiento.
El senador Carlos Antonio Lozada, uno de esos excomandantes guerrilleros, aseguró en una rueda de prensa que espera que con la renuncia de la presunción de inocencia ante la JEP «se agilicen los procedimientos teniendo en cuenta que se trata de una justicia especial para la paz, que se abrevien los tiempos».
El congresista, uno de los principales líderes del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC, recordó que han «aportado verdad» cada vez que fueron llamados a comparecer ante la JEP y pidió al alto tribunal «que no se siga adentrando en ese laberinto jurídico».
Los exmiembros de la cúpula de las FARC también solicitaron a la JEP que emita «una resolución única de conclusiones» en la que estén incluidos todos los hechos y conductas que se achacan a los firmantes de paz en los 11 macrocasos que estudia el tribunal especial.
La idea es que esto lleve al cierre jurídico del conflicto y el cumplimiento de los principios de justicia restaurativa establecidos en el acuerdo de paz que firmaron el Gobierno colombiano y las FARC en 2016.
Sin embargo, al ser preguntado sobre otros delitos que la JEP les puede imputar en el futuro, Lozada señaló que prescindieron de la presunción de inocencia por «todos los delitos por los cuales» los han «llamado a comparecer ante la JEP».
«No sabemos qué otros delitos nos vayan a imputar, nosotros dejamos claro que es por aquellos delitos que ya hemos rendido versiones, hemos aceptado responsabilidades y hemos aportado verdad (…) Es muy difícil extenderle un cheque en blanco a la Jurisdicción Especial sin conocer cuáles serían los delitos por los cuales nos pudieran realizar nuevas imputaciones», precisó.
Lentitud en los procesos
Los antiguos jefes guerrilleros han manifestado en los últimos meses su malestar por la prolongación en el tiempo de los procesos de la JEP, ya que ellos fueron declarados culpables hace casi dos años, pero aún no se han formulado las sentencias propias.
Además, el Caso 01 por el que fueron acusados, que trata los secuestros y otros graves crímenes de lesa humanidad cometidos por las FARC, se ha extendido y ahora los magistrados juzgan a mandos intermedios de columnas y frentes de la extinta guerrilla.
«Estamos solicitando que la JEP recobre su espíritu inicial (…) que es reconciliar a los colombianos, cerrar este conflicto y reconstruir la verdad total», manifestó, por su parte, el senador Pablo Catatumbo.
Añadió: «No es posible que ocurran cosas que están por fuera del espíritu de la JEP, como por ejemplo que después de siete años no se haya emitido ninguna sentencia porque se han abierto macrocasos y microcasos y así no vamos a terminar nunca».
La JEP nació con el acuerdo de paz de 2016 con la intención de juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos por la guerrilla, la Fuerza Pública y terceros civiles con un periodo de acción de 20 años como máximo.
EFE