Lima, 10 de octubre de 2024.- Los transportistas paralizaron este jueves Lima, por segunda vez en tres semanas, para exigir más seguridad y denunciar la extorsión y sicariato que padecen, unas demandas que hicieron que otros sectores como los pequeños comerciantes se sumen a la protesta y la ciudadanía simpatice mayoritariamente con sus peticiones.
«Es indignante lo que esta pasando hoy día, nos están matando», dijo a EFE Jacqueline Vargas, una transportista del popular sector de Cerro Camote.
Como ella, son miles los transportistas que recorren a diario Lima y su vecina Callao, una conurbación donde vive un tercio de los peruanos, para llevar a los ciudadanos a sus puestos de trabajo y estudio.
Muchos de ellos no son regulares, en un país en el que el 75 % de los trabajadores son informales y en el que, muchos de ellos, salen adelante gracias a micro y pequeños emprendimientos.
«Nos están matando por 7 soles (1,8 dólares)», denunció Vargas en referencia al «cupo» que exigen los extorsionistas.
Según dijo, no solo lo padecen los conductores urbanos, también los vendedores ambulantes y los mercados.
«Todos estamos unidos, porque a todos nos están extorsionando, hasta al negocio más chico», apuntó.
Precisamente, los dueños de las bodegas (pequeñas tiendas de alimentos y productos de primera necesidad) se sumaron a la protesta con medidas de denuncia de diferente tipo.
Una ciudad paralizada
Como medida de prevención, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana suspendió las clases presenciales este jueves, una medida que ya habían adoptado las principales universidades del país.
El Ministerio de Trabajo también exhortó a los empleadores a adoptar medidas flexibles ante las dificultades por el traslado de los trabajadores a sus centros de labores.
No obstante, fueron miles los trabajadores que intentaron ir a sus centros y se encontraron con inconvenientes.
Para prevenir incidentes, el Gobierno desplegó 14.000 policías y unos 4.000 militares con el objetivo de prevenir incidentes.
Eso generó las protestas de algunos manifestantes como Elkin Avendaño, vecino del popular sector de Huachipa, que denunció que «la gente esta marchando pacíficamente, ni con piedras ni con palos».
Avendaño aseguró que están «abandonados» por el Gobierno: «Hoy sales de tu casa y no sabes si vas a volver».
Las denuncias por casos de extorsión en Perú se incrementaron de 4.000, en 2021, a casi 20.000 en 2023, según datos oficiales.
La respuesta del Gobierno
Tras la primera protesta de transportistas, el Gobierno peruano declaró 13 de los 43 distritos de Lima en emergencia, así como uno del Callao.
Esta ha sido una medida frecuente en los últimos años. En 2022, Lima y Callao en estado de emergencia durante 315 días, una medida que retomó el Gobierno de Dina Boluarte en septiembre de 2023, y se prolongó hasta el comienzo de 2024, para un sector de la capital.
Desde la declaración, muchas voces han criticado su ineficacia, pero este jueves el primer ministro Gustavo Adrianzén dijo que, gracias a ella, se han terminado las extorsiones a transportistas.
Según él, quienes se han sumado al paro son los informales que buscan concesiones de rutas y anulación de multas en lo que calificó como un chantaje.
Siempre según la versión del jefe de gabinete, las extorsiones han pasado a otros sectores como los bodegueros.
Sin embargo, la Asociación Nacional de Bodegueros denunció en septiembre pasado que 3.000 de sus establecimientos habían cerrado por la extorsión.
EFE