Medellín, Colombia, 11 octubre de 2024.- Óscar Camargo Ríos, conocido bajo el alias «Pichi», protagonizó una nueva fuga de su detención domiciliaria, al parecer sería la novena en su historial criminal, generando un profundo malestar en la sociedad y encendiendo las alarmas sobre las fallas en el sistema judicial colombiano. Camargo Ríos, de 42 años, se encontraba cumpliendo una condena de 90 meses por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes en una vivienda ubicada en el exclusivo sector de El Poblado, en Medellín, de donde se fugó la tarde del 9 de octubre, apenas un día después de que un juez le revocara el beneficio de la casa por cárcel.
La fuga de «Pichi» ha puesto en el centro del debate el sistema de justicia y las políticas de seguridad en Colombia, ya que esta persona es considerada como uno de los narcotraficantes más peligrosos de Santander, estaría vinculado al control del 70% del tráfico local de drogas en Bucaramanga y alrededores. Pese a su historial de violaciones a la medida de detención domiciliaria, en abril de 2020, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga le otorgó dicho beneficio, lo que ha generado fuertes críticas desde distintos sectores de la sociedad y las autoridades locales.
El momento de la fuga
De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la tarde del 9 de octubre, el brazalete de monitoreo electrónico de «Pichi» emitió una alerta de transgresión en el Centro de Vigilancia Electrónica (CERVI), lo que llevó a una patrulla del Inpec a acudir a su residencia en El Poblado. Al llegar, descubrieron que el sujeto había abandonado el lugar, dejando el brazalete de geolocalización detrás. En cuestión de minutos, Camargo Ríos había evadido las autoridades por novena vez, en lo que ha sido un patrón reiterado de fugas desde que se le otorgó el beneficio de la casa por cárcel.
La fuga se produjo apenas un día después de que un juez le revocara la medida de detención domiciliaria, ordenando su traslado inmediato a una cárcel de alta seguridad. Según fuentes oficiales, alias «Pichi» se enteró de la decisión judicial y, sabiendo que su tiempo en la casa estaba por terminar, optó por escapar nuevamente antes de ser capturado.
Reacciones y críticas a la justicia
La noticia de la fuga ha generado una oleada de críticas tanto al sistema judicial como a las políticas de seguridad del país. El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, uno de los más duros críticos de Oscar Camargo y de la concesión de beneficios judiciales a criminales de alto perfil, expresó su indignación a través de sus redes sociales. «La fuga de alias ‘Pichi’ y lo que rodea su caso es un mensaje claro de inseguridad jurídica para Colombia. La justicia parece actuar con permisividad hacia delincuentes peligrosos, mientras que los ciudadanos siguen padeciendo las consecuencias de su accionar», escribió en su cuenta de X (antes Twitter).
Beltrán también destacó la controversia que ha rodeado el caso de «Pichi» desde hace años. «Este hombre ha violado la medida de casa por cárcel en al menos ocho ocasiones anteriores. ¿Por qué la justicia siguió otorgándole este beneficio?», cuestionó, refiriéndose al historial delictivo de Camargo Ríos, quien ya había protagonizado varias fugas desde que se le impuso la medida de arresto domiciliario.
La polémica en torno al otorgamiento de beneficios a «Pichi» ha derivado en una investigación por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial contra el juzgado que le concedió la detención domiciliaria. Este juzgado, ubicado en Bucaramanga, ha sido señalado de actuar de manera imprudente, lo que permitió que uno de los narcotraficantes más influyentes del país continuara operando desde su residencia en Medellín.
Alias «Pichi»: un historial de crimen y corrupción
Óscar Camargo Ríos es conocido por controlar una amplia red de microtráfico en Bucaramanga y la región del Magdalena Medio, sería uno de los principales proveedores de cocaína y marihuana en Santander. Se cree que sus conexiones con otras estructuras del narcotráfico a nivel nacional e internacional le han permitido establecer rutas de exportación hacia Centroamérica y Europa.
El prontuario criminal de «Pichi» incluye delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, extorsión y homicidio. En 2020 fue capturado tras un operativo de la Policía Nacional que lo vinculaba con la distribución de grandes cantidades de drogas en Bucaramanga. A pesar de la gravedad de los cargos en su contra, el ahora prófugo logró obtener el beneficio de la casa por cárcel, según las autoridades esto le permitió continuar con sus actividades ilícitas desde la comodidad de su residencia.
El papel del gobierno y la “paz total”
La fuga de «Pichi» ocurre en un contexto en el que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha promovido la «paz total», un proyecto que busca incluir a miembros de estructuras armadas organizadas en procesos de paz. En agosto de 2024, surgió la polémica de que la Consejería Comisionada de Paz había evaluado la posibilidad de incluir a Camargo Ríos en la lista de posibles gestores de paz, una propuesta que generó controversia, especialmente entre las autoridades de Bucaramanga. Sin embargo, esta noticia fue desmentida por la Consejeria Comisionada, su inclusión en dicho proceso fue negada a través de comunicado público en la red social X.
La situación ha reavivado el debate sobre si personas vinculadas a estructuras armadas organizadas urbanas y rurales deberían ser incluidas en este tipo de acuerdos, y hasta qué punto el proyecto de “Paz Total Urbana y Rural” puede verse comprometido por estas decisiones; lo claro es que la paz total debe construirse con todas las estructuras armadas organizadas del país.
La fuga de alias «Pichi» ha evidenciado las debilidades del sistema penitenciario y de justicia en Colombia, donde algunos beneficiarios de la detención domiciliaria continúan encontrando formas de evadir las medidas judiciales y seguir con sus actividades delictivas. Mientras tanto, las autoridades enfrentan la presión de recapturar a Óscar Camargo y restaurar la confianza pública en el sistema de justicia colombiano.
A.U.