PEREIRA, COLOMBIA (18 OCT 2024) – La Fiscalía General de la Nación judicializó a Carlos Guillermo Suárez Escobar, contratista involucrado en la construcción de la Avenida de los Colibríes en Pereira, por presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto que se extendió entre marzo de 2021 y diciembre de 2023. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para Suárez Escobar, quien fue imputado por los delitos de falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
El proyecto, que tenía como objetivo la construcción de 3.400 metros de avenida por un valor de más de 32.037 millones de pesos, se vio envuelto en señalamientos de corrupción tras una serie de pruebas presentadas por un fiscal de la Seccional Risaralda, adscrito a la unidad de Administración Pública. Según el material probatorio recopilado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el contratista habría participado en la entrega de actas de obras parciales e imprecisas y en la ejecución de cambios no contemplados en la licitación original, lo que generó un detrimento patrimonial de 12.000 millones de pesos.
Además, se señala que Suárez Escobar autorizó modificaciones en el proyecto, como la ampliación del trazado de cuatro a seis carriles y la instalación subterránea de redes eléctricas, sin seguir los procedimientos legales establecidos. Estas modificaciones requirieron adiciones presupuestales por 20.300 millones de pesos, que fueron desembolsados sin que las obras fueran ejecutadas.
La investigación también reveló presuntos pagos ilegales de 100 millones de pesos a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) para agilizar la expedición de permisos ambientales, un hecho que involucraría al contratista y a otros procesados en la autorización de pagos por trabajos no realizados.
Por estos mismos hechos, el exalcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya López; el exsecretario de infraestructura, Milton Hurtado García; y los interventores José Alberto Rojas Prieto y Carlos Alberto Ballesteros Aristizábal, también fueron privados de la libertad en centro carcelario. Por su parte, el constructor José Gabriel Vargas Carvajal fue dejado en libertad, pero sigue vinculado al proceso.
La Fiscalía reafirma su compromiso en la lucha contra la corrupción y seguirá adelantando acciones para esclarecer este caso, que ha causado un daño significativo a las finanzas públicas y a la confianza en las instituciones locales.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.