Imputan cargos a presunta responsable del homicidio del concejal Eduardo Cedeño García en Caquetá

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Foto archivo

CAQUETÁ, COLOMBIA (19 OCT 2024) – Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía General de la Nación judicializó a Yurany A. H. por su presunta implicación en el homicidio del concejal de San Vicente del Caguán, Eduardo Cedeño García, ocurrido el pasado 18 de mayo de 2024.

La investigación reveló que el día del crimen, la víctima fue interceptada por hombres armados cuando regresaba a su vivienda, ubicada en el barrio José María Camargo de San Vicente del Caguán. Los agresores le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar. A pesar de los esfuerzos por salvar su vida, el concejal falleció a causa de la gravedad de las heridas tras ser trasladado de urgencia a un centro asistencial.

Yurany A. H. fue imputada por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Aunque los cargos no fueron aceptados por la procesada, un juez de control de garantías ordenó que deberá cumplir medida de aseguramiento domiciliario mientras avanza el proceso judicial.

La captura de Aldana Hernández se llevó a cabo en vía pública de San Vicente del Caguán por efectivos de la Policía Nacional, en cumplimiento de la orden judicial emitida como parte de la estrategia para esclarecer el crimen del concejal Eduardo Cedeño García y llevar ante la justicia a los responsables.

A.U.


La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.