Medellín, Colombia, 23 octubre de 2024.- Enfocados en la seguridad ciudadana, la Policía Nacional en coordinación con el Ejército Nacional ejecutó diferentes operativos en las comunas Guayabal y Belén del suroccidente de Medellín. Durante estas acciones, se logró la incautación de tres armas de fuego y más de 1.000 gramos de estupefacientes, demostrando los esfuerzos de las autoridades por contrarrestar las actividades ilícitas en la región.
El primer operativo se llevó a cabo tras un patrullaje conjunto entre la Policía y el Ejército. Las autoridades observaron a varios hombres que, al notar la presencia de las fuerzas de seguridad, huyeron del lugar. En su escape, abandonaron un bolso que contenía un fusil, 20 cartuchos y alrededor de 400 gramos de estupefacientes, cuya composición exacta no fue revelada. Este decomiso tuvo lugar en el barrio Guayabal, un sector conocido por ser un punto estratégico para el almacenamiento y distribución de drogas.
En un segundo operativo, realizado en la comuna 9, Buenos Aires, las autoridades identificaron a un hombre que intentó evadir el control policial arrojando una bolsa antes de escapar. Tras inspeccionar el contenido, se descubrieron dos armas de fuego (una pistola y un revólver) y más de 600 gramos de diferentes tipos de estupefacientes, incluyendo dosis de bazuco listas para la venta. Las primeras investigaciones apuntan a que tanto las armas como las drogas iban a ser transportadas a lugares de acopio para ser distribuidas posteriormente.
Incremento en las incautaciones de estupefacientes
La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ha intensificado sus operativos en Medellín y ha logrado importantes resultados. Durante este año, las autoridades han realizado casi 8.000 decomisos de diferentes tipos de alucinógenos, superando en más de 800 las cifras del año pasado. Asimismo, las incautaciones de marihuana alcanzan los 2.100 kilos, sobrepasando las cifras del año anterior para esta misma época, cuando se registraron cerca de 2.000 kilos.
El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, destacó la importancia de estas operaciones para reducir los niveles de criminalidad en Medellín. «Estos operativos son un claro ejemplo del compromiso de la fuerza pública para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. Continuaremos trabajando de la mano con el Ejército y otras instituciones para desarticular las redes de microtráfico que afectan nuestra ciudad,» expresó el general Castaño.
Impacto en la seguridad de la ciudad
Las autoridades resaltaron que la presencia de armas de fuego, especialmente fusiles, es un indicativo preocupante del nivel de organización y la peligrosidad de las bandas involucradas en el narcotráfico. Estos operativos forman parte de una estrategia más amplia para desmantelar las redes de distribución de drogas y armas en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
«¿Un fusil en Guayabal?»
El hallazgo de un arma de largo alcance como un fusil ha despertado interrogantes entre las autoridades, ya que este tipo de armamento suele estar vinculado a actividades de alta criminalidad, como la protección de cargamentos de droga y la comisión de atentados. Las fuerzas de seguridad están investigando el origen y el destino previsto de estas armas, con la hipótesis de que las bandas planeaban utilizarlas para asegurar rutas de narcotráfico en la región.
Las autoridades instan a la ciudadanía a continuar colaborando mediante la denuncia anónima de actividades sospechosas que puedan ayudar a prevenir el crimen y a mejorar la seguridad en los diferentes barrios de Medellín. Se puede reportar cualquier situación a través de la línea de emergencia 123.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.